Rousseff
Río de Janeiro.- El líder de la Cámara de Diputados abrió el miércoles un proceso de juicio político a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff quien afirmó haber recibido “con indignación” la decisión.
El diputado Eduardo Cunha, un enemigo político de la mandataria, dijo que el proceso se debe a que la mandataria violó leyes de responsabilidad fiscal.
“Hubo mucha reflexión de mi parte”, expresó Cunha, del Partido Del Movimiento Democrático Brasileño, en una rueda de prensa.
“Pero en ningún otro mandato se habían recibido tantos pedidos para impugnar a un presidente”. La imagen de Rousseff ha sido dañada debido al enorme escándalo de corrupción en torno a un esquema de sobornos de la estatal Petrobras.
Sin embargo, la mandataria negó que la apertura del proceso de juicio política tuviera algún fundamento legal.
“Recibí con indignación la decisión del señor presidente de la cámara de diputados de procesar un juicio político contra un mandato que el pueblo brasileño me otorgó democráticamente”, expresó Rousseff.
“Son inconsistentes e improcedentes las razones que fundamentan esta solicitud. No practiqué ningún acto ilícito”.
El procedimiento pasaría a una comisión especial que sería integrada con diputados de todos los partidos de manera proporcional.
No se ha definido una fecha para ello. Dos tercios o 342 diputados de la cámara, conformada por 513 congresistas, tendrían que aprobar el procedimiento para que este pase al Senado.
Analistas políticos dicen que hasta este momento no se espera que la medida cuente con el apoyo de los dos tercios necesarios para separar a Rousseff del cargo temporalmente.
Si llegara a ese punto, la decisión tendría que ser también aprobada en el senado por 54 de los 81 miembros para tener validez permanente.
El procedimiento, según especialistas, podría llevar meses. “No hay tantas posibilidades de destituir a la Presidenta Rousseff como dicen los políticos hasta el momento, a pesar de la decisión atrevida de Cunha”, dijo Luciano Dias, un consultor de la compañía Análisis Político, con sede en Brasilia.
“No son insignificantes, pero no se ve muy posible hasta ahora”. Rousseff dio inicio a su segundo mandato el 1 de enero tras una difícil reelección.
Su popularidad se ha desplomado debido a las revelaciones diarias de la Operación Lava Coches, un caso de corrupción que ha implicado a multimillonarios, ejecutivos de Petrobras y a decenas de políticos.
La fiscalía mantiene que los sobornos que empresas de construcción ofrecían a políticos y directores de la estatal a cambio de contratos con costos inflados se destinaban al gobernante Partido de los Trabajadores.
Varias manifestaciones que han llegado a reunir a cientos de miles en el país exigían un juicio político contra la presidenta, aunque Rousseff no ha sido implicada personalmente en el caso de corrupción.
El líder diputado Cunha, en cambio, enfrenta cargos de corrupción en la Suprema Corte por supuestamente aceptar millones de reales en sobornos.
El poderoso diputado figura diariamente en las portadas de los medios nacionales ya sea por declaraciones polémicas o por revelaciones como cuando surgieron documentos que mostraban que tenía cinco millones de dólares escondidos en cuentas bancarias en Suiza.
Algunos congresistas y analistas señalaron que la movida de Cunha el miércoles es señal de venganza tras revelarse el mismo día información de que el partido oficialista votaría porque una comisión de ética investigue y posiblemente expulse al diputado fuera de la cámara por las acusaciones de corrupción.
Miembros del Partido de los Trabajadores salieron a defender a Rousseff y decir que presentarán un recurso ante la Suprema Corte para que la decisión de Cunha pierda validez.
“Cunha recurrió al nivel más bajo de chantaje que un país puede ver,” expresó el senador Humberto Costa, del partido oficialista.
El argumento principal planteado por los que piden el juicio político es que Rousseff violó la ley de responsabilidad fiscal mediante el uso de fondos de bancos estatales cada vez que había se quedaba sin presupuesto, según un fallo del tribunal federal de Brasil en octubre.
Sin embargo, algunos expertos señalan que no es posible iniciar juicio político por una violación cometida en un mandato anterior, una discusión que tendría que resolver la Suprema Corte en caso de que llegue a proceder.
El pedido de juicio político llega en un momento crítico para el país. Pronósticos estiman que la economía se contraerá 3,5% en el año tras caídas de los productos básicos a nivel mundial que habían impulsado desarrollo en el país en la última década.
El escándalo de corrupción en Petrobras ha detenido muchas obras. La crisis ha inflado los precios y aumentado el desempleo, y algunos economistas dicen que Brasil está atravesando la peor recesión desde 1930-32.
“Es una democracia muy joven y que implica muchos costos para consolidarse”, señaló Carlos Melo, profesor de ciencias política de la escuela Insper en Sao Paulo.
