Abogados de “El Pastor” niegan maltrato a menores y acusan al Ministerio Público de crear una “burbuja mediática”
- La audiencia de medida de coerción fue aplazada para el próximo jueves, mientras la defensa asegura que los niños fueron entregados voluntariamente y que la fundación operaba bajo la supervisión de CONANI
Santo Domingo.- Los abogados de los imputados aseguraron que sus defendidos son inocentes de los hechos que el Ministerio Público establece que cometieron en perjuicio de varios menores y afirmaron que demostrarán ante el juez de la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal, José Carlos Arias, que las imputaciones no corresponden con la realidad.
Los togados hablaron tras salir de la audiencia, luego de que fuera aplazado para el próximo jueves el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los imputados por presunto maltrato físico y psicológico en perjuicio de 14 menores, así como por supuestamente obligarlos a realizar trabajos forzados.
El jurista Luis Carrera, abogado defensor de uno de los imputados, dijo que la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive) era supervisada por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y otras instituciones del Estado, que realizaban operativos médicos de manera permanente en la iglesia del pastor.
Burbuja mediática
Mientras que el abogado Manuel Soto Lara rechazó la imputación de presunta retención ilegal de menores y tildó el expediente presentado por el Ministerio Público como una “burbuja” mediática carente de elementos penales, tras salir del tribunal luego de que se aplazara para el próximo jueves el conocimiento de la solicitud de medida de coerción.
El abogado Luis Carrera informó que el aplazamiento de la audiencia se dispuso a solicitud del órgano acusador para llevar a cabo la entrevista en Cámara Gesell a los menores involucrados, así como para otorgar tiempo a la defensa para preparar los presupuestos de arraigo de los encartados, entre ellos su representado, Ángel Gabriel.
Carrera cuestionó las actuaciones del Ministerio Público respecto a los interrogatorios previos realizados a los menores, sosteniendo que “un niño no puede ser interrogado a menos que sea por el juez competente en la jurisdicción correspondiente; lo demás son violaciones”, al rechazar que las entrevistas previas hayan cumplido con el debido proceso.
Rechaza acusación
Por su parte, el abogado Soto Lara rechazó rotundamente la acusación de retención ilegal de menores, argumentando que no existen denuncias por parte de los progenitores o tutores.
“Son nueve niños y no hay ni una sola denuncia ni un querellante. ¿Cómo se explica que se enteren de supuestas retenciones sin que un padre o familiar haya presentado una querella?”, cuestionó Soto Lara, al explicar que el caso se originó a raíz del abandono de la institución por parte de un menor en conflicto con la ley, lo que sirvió de detonante para la intervención del Ministerio Público.
Soto Lara defendió la labor de la entidad y de sus directivos, asegurando que el centro operaba como un espacio de acogida humanitaria tanto para niños desvalidos como para adultos mayores de la comunidad de Villa Liberación, contando históricamente con la colaboración de diversas instituciones estatales en operativos y charlas.
Personería
Respecto a la falta de personería jurídica o registros de la fundación señalados por las autoridades, la defensa argumentó que “la falta de un registro no convierte a una persona en un retenedor ilegal de menores ni constituye un crimen penal; es un asunto ordenable mediante regulación administrativa”.
A estas declaraciones se sumó Carrera, quien reveló que durante el allanamiento practicado por la Fiscalía se encontraron en el lugar las actas de nacimiento de los menores y copias de las cédulas de sus padres, lo que confirma que “los niños fueron entregados voluntariamente por sus propios padres”.
El Ministerio Público solicita tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Ángel Gabriel Capellán, “El Pastor”, e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, imputados por presunto maltrato físico y psicológico en perjuicio de 14 menores y por supuestamente obligarlos a realizar trabajos forzados.
Sobre el autor
Periodista y abogada con amplia experiencia cubriendo la fuente de Justicia.
