Los abogados del mayor general del Ejército, Adán Cáceres Silvestre, implicado en los casos de corrupción Coral y Coral 5G, solicitaron al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que rechace el pedimento del Ministerio Público, alegando que no se ha demostrado responsabilidad penal de su defendido, y que se declare su absolución.
La defensa presentó sus conclusiones a favor de Cáceres Silvestre y solicitó a las magistradas el levantamiento de cualquier medida de coerción personal que pese sobre el imputado. Asimismo, pidieron rechazar la solicitud de decomiso realizada por el Ministerio Público y ordenar la devolución inmediata de todos los bienes propiedad de Adán Benoni Cáceres Silvestre secuestrados durante los allanamientos de este proceso.
Además, solicitaron que el tribunal ordene el levantamiento de las oposiciones inmovilizadas y de las medidas de coerción reales dictadas contra los bienes del mayor general.
En relación con el aspecto civil, la defensa pidió que se rechace en su totalidad la querella con constitución en actor civil del Estado Dominicano, presentada a través de la Oficina del Equipo de Recuperación del Estado el 18 de febrero de 2022, así como las indemnizaciones solicitadas en el Escrito de Concretización de Pretensiones Civiles del 1 de junio de 2022, alegando que son improcedentes, infundadas y carentes de base fáctica, al haberse comprobado la no comisión de los hechos imputados.
La defensa enfatizó que el Ministerio Público no presentó evidencia que comprometa la responsabilidad penal de Cáceres Silvestre en el presunto entramado de corrupción del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), mientras lo dirigió entre 2012 y 2020.
Finalmente, solicitaron que el tribunal condene al Estado y a la parte querellante al pago de las costas procesales a favor de los abogados concluyentes: Cristian Alberto Martínez, Romer Jiménez, Jesús Ramos y Francisco Álvarez Aquino, tras dos días de exposición de la defensa.
Luego de escuchar a los abogados del imputado, las magistradas aplazaron el proceso para escuchar las conclusiones de los defensores de otros imputados del caso Coral y Coral 5G.
Pedimento de condena del Ministerio Público en el caso Coral y Coral 5G.
La semana pasada, el Ministerio Público, encabezado por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, solicitó condenas que van desde cinco hasta 20 años de prisión para los implicados, asegurando haber demostrado su responsabilidad penal.
Entre los principales responsables, el Ministerio Público pidió 20 años de cárcel para Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola, Boanerges Reyes Bautista, Franklin Antonio Mata Flores y Rafael Núñez de Aza, además del pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos.
Asimismo, solicitó 15 años de prisión para Rossy Guzmán Sánchez, Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco, con una multa de 300 salarios mínimos. Para otros imputados, incluyendo Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Tanner Antonio Flete Guzmán, José Manuel Rosario Pirón, entre otros, pidió 10 años de prisión y multas equivalentes a 200 salarios mínimos.
Para Esmeralda Ortega Polanco y Alejandro José Montero Cruz, el Ministerio Público solicitó 10 años de prisión; mientras que para Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura, cinco años de cárcel y una multa de RD$500,000. En el caso del mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, pidió cinco años de prisión, computando el tiempo de arresto domiciliario, suspensión de la pena bajo ciertas reglas y una multa de 200 salarios mínimos.
Además, el Ministerio Público solicitó el decomiso de 214 inmuebles, 86 vehículos de alto cilindraje, más de RD$28 millones y US$55 mil en efectivo, generando ingresos superiores a RD$86 millones a favor del Estado dominicano. También pidió la clausura y disolución de la Iglesia Bautista Vida Eterna, sanciones a empresas vinculadas y multas de hasta RD$10 millones a otras entidades.
El Ministerio Público acusa a una estructura integrada por policías y militares, encabezada por Adán Cáceres Silvestre, que operó entre 2012 y 2020 desviando más de RD$4.5 millones de fondos públicos del del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur), y del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), en perjuicio del Estado dominicano.
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