Muchas parturientas haitianas acuden a los hospitales de Santo Domingo y otras ciudades.
SANTO DOMINGO.- La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) está jugando el rol que le corresponde como órgano de la Organización de los Estados Americanos en la promoción , la observancia y la defensa de los derechos de las personas y parte consultiva en la materia.
A sí lo entienden el abogado constitucionalista, Eduardo Jorge Prats, y Rommel Santos Diaz, experto en la Corte Penal Internacional y catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Exactas (INCE) II. Ambos fueron abordados en relación al “reproche” que le hizo la CIDH al país al calificar de ”injustas e inoportunas” las deportaciones de embarazadas haitianas.
“Entendemos que tiene razón la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) cuando llama la atención a la República Dominicana, en vista de que los operativos migratorios en los hospitales con la finalidad de expulsar mujeres embarazadas migrantes, viola el Decreto No. 631-11, Reglamento de Aplicación de la Ley sobre Migración, No. 285-04 que prohíbe absolutamente, en el marco de los operativos migratorios, la detención de mujeres embarazadas o lactantes”, sostuvo Eduardo Jorge Prats.
Igual calificó de falso el alegado “gran gasto” del Estado que suponen los partos de mujeres haitianas en los hospitales dominicanos, como bien demuestran los estudios realizados por el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores.
“En el referido estudio se comprueba que la cifra mostrada por el Ministerio de Salud no solo es inflada, sino que supera treinta y seis (36) veces el costo real de los partos”, dijo Prats.
De acuerdo con Rommel Santos Díaz, las opiniones y recomendaciones de la CIDH no son vinculantes para los estados miembros de la OEA, por lo tanto en lo referente al caso del Estado dominicano y las deportaciones de mujeres embarazadas y parturientas procedentes de Haití, se trata de observaciones y llamadas de atención que le hace la CIDH.
“Considero que la situación que tiene República Dominicana respecto a la emigración de indocumentados hacia su territorio procedentes de Haití es compleja y amerita un enfoque de diálogo y acuerdos entre ambas naciones con el concurso de la comunidad internacional, principalmente de Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y Francia”, puntualizó el catedrático en Derecho Constitucional.
Dijo que República Dominicana no cuenta con las condiciones materiales ni de políticas públicas en el tema migración para dar respuestas diferentes a las que le ha dado hasta ahora a la problemática que representa para los dominicanos la gran cantidad me mujeres que ingresan al país en procura de acceder a los servicios de salud pública.
Trato a inmigrantes
Al margen de lo tratado, Rommel Santos Díaz afirmó que es importante que el Estado dominicano enfoque sus acciones hacia la población haitiana que se encuentra en su territorio observando el debido respeto y protección de los derechos humanos como Estado parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
“República Dominicana como Estado Miembro de la OEA debe prestar especial atención a las observaciones y recomendaciones que le hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que en nuestra opinión son relevantes para el fortalecimiento de su política migratoria”, comentó.
