Abogados afirman que indemnizaciones por muerte es pírrica y depende de la relevancia de la víctima

SANTO DOMINGO.- Varios abogados aseguran que los montos de las indemnizaciones por la muerte de una persona, ya sea por homicidio involuntario o voluntario, oscilan entre uno y tres millones de pesos, y que la decisión final recae en el criterio del juez.

El jurista Manuel Sierra explicó que el monto promedio por la muerte de una persona ronda los tres millones de pesos, salvo que existan condiciones especiales como la funcionalidad o la relevancia social de la víctima, sin importar la naturaleza del hecho.

“Por ejemplo, un médico no tiene la misma utilidad social que un obrero de la construcción. No se trata de valorar más a una persona que a otra, sino de la función social que desempeñan”, expresó Sierra.

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Agregó que también se toma en cuenta si la persona fallecida dejó hijos en orfandad o era una joven sin hijos.

No existe una regla escrita sobre los montos de indemnización; es un criterio que el juez impone de acuerdo a las circunstancias del caso.

A su vez, el togado Sierra, reiteró que, en el país, el monto por la muerte de una persona suele mantenerse en torno a tres millones de pesos, salvo condiciones especiales.

Por su parte, el abogado Emmanuel Pimentel señaló que en la República Dominicana, la justicia ha sido históricamente pírrica ante la pérdida de vidas humanas, incluso en tragedias como la ocurrida en la discoteca Jet Set, donde fallecieron más de 236 personas.

Al tratarse de un homicidio involuntario, las penas oscilan entre tres meses y dos años de prisión, y las indemnizaciones son consideradas irrisorias.

“El caso Llenas Aybar, en el que se trató de un asesinato brutal y solo se impuso una indemnización de cinco millones de pesos, evidencia el poco valor estructural que se le da a la vida en el sistema judicial”, afirmó el abogado. Añadió que, si se mantiene esa lógica, “en el caso Jet Set podrían pagarse montos que no imagino”.

El abogado Fernando Pérez Volquez indicó que, tradicionalmente, las sanciones económicas por este tipo de casos oscilan entre uno y dos millones de pesos, lo que considera muy limitado.

“Pienso que el Poder Judicial debe reconsiderar cómo justipreciar la vida humana. A las víctimas se les otorgan sanciones pírricas e incluso, en ocasiones, insignificantes”, expresó.

Finalmente, enfatizó que el sistema judicial debe imponer sanciones más significativas: “La vida humana es el bien más preciado, y cuando una persona muere como consecuencia de un acto culposo o doloso, ya sea homicidio involuntario o intencional, las penas deben reflejar el valor de esa pérdida”.