¿Por qué Faride Raful demanda por RD$100 millones a Ángel Martínez e Ingrid Jorge? Su abogado lo explica
Santo Domingo.- La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró que está decidida a llevar “hasta las últimas consecuencias” la querella interpuesta contra los comunicadores Ángel Martínez e Ingrid Jorge, por presunta difamación e injuria.
La funcionaria rechazó cualquier posibilidad de disculpas superficiales o acuerdos extrajudiciales que dejen impune el daño causado a su integridad y reputación.
El abogado Miguel Valerio, representante legal de Raful, afirmó que la acción judicial no se basa en asuntos de la vida privada de la ministra, sino en la difusión de informaciones “totalmente falsas” que buscan socavar su imagen pública.
“En este caso particular, más que la vida íntima de la persona, se trata de una información totalmente falsa. Yo agrego: rastrera, sin vergüenza, sin fundamento alguno”, dijo Valerio en el Programa El Día.
La querella fue depositada el pasado 30 de mayo en la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
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En ella se acusa a los comunicadores de violar los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el artículo 367 del Código Penal Dominicano. Se les atribuyen “graves acusaciones de difamación, daños y perjuicios, así como afirmaciones falsas que vinculan a la funcionaria con actividades ilícitas y conductas sexuales inapropiadas”.
Falsas acusaciones
Valerio explicó que la querella se fundamenta principalmente en dos señalamientos: la divulgación de un video íntimo falso y una supuesta relación con el narcotráfico.
Sobre el video señaló que: “eso yo lo veo en el ánimo de la ‘My Deplay’, porque aquí ahora todo se ha normalizado en una sociedad donde no somos responsables con ese tipo de medios, que lamentablemente es un medio que yo lo apoyo…”
Advirtió que, debido al efecto multiplicador de las redes sociales, detener la propagación de una falsedad es prácticamente imposible:
“Después que usted dice algo en esta sociedad, todo se replica. No hay forma de parar eso.”
El segundo señalamiento falso, según Valerio, fue la acusación de que Raful facilitó agentes policiales para la seguridad de un supuesto narcotraficante:
“Eso cambia el juego, porque ya se trata de su rol como ministra. Se dijo que le asignó seguridad a un narcotraficante, lo cual es totalmente falso.”
No basta con una disculpa
Valerio desestimó las disculpas ofrecidas por Ingrid Jorge y Ángel Martínez: “Ayer veía a esta joven diciendo que un fiscal la había inducido, que era parte de algo para atacar a fulano. Y el otro señor también se excusaba. Pero basta ya. Una excusa no repara el daño.”
Además, destacó que la querella busca sentar un precedente ante la facilidad con la que se difunden informaciones falsas en entornos digitales. Se solicita una indemnización de 50 millones de pesos para cada uno de los imputados, cifra que, según Valerio, está directamente relacionada con el modelo de negocio de las plataformas digitales.
“Por cada view en YouTube, por cada like, por cada repost en X, IG o TikTok, se gana dinero. Esto no es solo libertad de expresión; hay una responsabilidad deontológica de decir la verdad”, afirmó.
El abogado subrayó que esta compensación económica es la única vía posible para resarcir los daños morales:
“Lamentablemente, en este tipo de materia, la única forma de resarcir es con dinero.”
Intención dolosa y posibles financistas
Valerio también mencionó que hay evidencia de intención dolosa por parte de los querellados, lo cual podría agravar su situación legal. Según él, la reiteración y el tono sarcástico de los comunicadores demuestran que actuaron con el propósito de causar daño.
Finalmente, el abogado no descartó que la investigación pueda extenderse a otros implicados:
“Si hubo personas que sufragaron esta campaña, esas personas serán investigadas. Hay que saber por qué lo hicieron.”
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