Santo Domingo. – La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, escuchará este jueves los alegatos de defensa de los abogados del exministro Donald Guerrero, imputado en la estructura de corrupción administrativa del caso Calamar, durante el conocimiento de la audiencia preliminar.
Donald Guerrero está acusado, junto a otros exfuncionarios, de integrar una red que habría desviado del Estado dominicano más de RD$19,000 millones, mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, así como a través de sobornos presuntamente destinados a financiar la campaña electoral de 2020, según el Ministerio Público.
De acuerdo con el órgano acusador, el exministro Guerrero actuó en complicidad con los exfuncionarios José Ramón Peralta, exministro Administrativo de la Presidencia, y Gonzalo Castillo, entre otros implicados en la referida estructura de corrupción.
En la audiencia anterior, los abogados de José Ramón Peralta solicitaron al tribunal un “No ha lugar”, al alegar que el Ministerio Público no ha presentado pruebas suficientes que comprometan penalmente a su representado, ni que justifiquen el envío del proceso a juicio de fondo.
La defensa de Peralta, integrada por los juristas Pedro Balbuena, Santiago Rodríguez y Emery Rodríguez, sostuvo que la acusación está matizada por intereses políticos, los cuales no identificaron, y que el Ministerio Público pretende sustentarla en testimonios previamente fabricados y en supuestas evidencias irrelevantes que, aseguran, no vinculan penalmente a su defendido.
Asimismo, los abogados argumentaron el vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, solicitando que se declare la extinción de la acción penal, conforme a lo establecido en la Constitución de la República, el Código Procesal Penal y la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional.
El proceso penal se inició en noviembre de 2020, cuando se produjo la primera afectación a los derechos fundamentales del imputado, específicamente el 22 de noviembre de 2020, con la imposición de una alerta migratoria o impedimento de salida del país sin orden judicial. Posteriormente, el 5 de febrero de 2021, se consolidó dicha afectación con la primera citación a interrogatorio ante el Ministerio Público.
Desde cualquiera de esas fechas, han transcurrido más de cinco años, y el caso permanece aún en etapa preliminar.
Además de los imputados antes mencionados, en el expediente del caso Calamar figuran Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Piccirillo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional; Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar, todos acusados de corrupción administrativa.
Según el Ministerio Público, los implicados en el caso Calamar habrían desviado más de RD$19,000 millones, mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos, además de recibir presuntos sobornos utilizados para financiar la campaña electoral del año 2020.
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