Teodoro Tejada.
El presidente Luis Abinader en varios actos públicos, se refirió al compromiso de su gobierno de garantizar una mejor educación, y trabajar en la terminación de seiscientos treinta y seis edificaciones escolares, con distintos niveles de avance que, encontró sin terminar, pero estaba imposibilitado por las dificultades del nudo legal, debido a que, estas escuelas su construcción habían incrementado su costo original en más de un 25 por ciento, establecido en el artículo 31, numeral 2 de la ley 340-06, lo que había impedido seguir su construcción.
Con el Decreto No. 625-12, del 10 de noviembre de 2012, se creó el Programa Nacional de Edificaciones Escolares adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
Para mí, ese nudo legal no existió, dado que el artículo 32, numeral 1 de la misma ley 340-06, dispone devolverle el equilibrio económico al contratista. No obstante, reconocer el grave problema que encontró el presidente Luis Abinader en la ejecución de los cuatros sorteos realizados desde noviembre del 2012 hasta el 29 de noviembre 2014, para la construcción y rehabilitación de escuelas y estancias infantiles
La falta de planificación del pasado gobierno, de realizar esos sorteos de infraestructuras escolares con diseños prestablecidos, sin tener los solares donde se construiría la misma, con presupuestos que fueron afectados en el proceso de su construcción, por los aumentos de precios de materiales, insumos, mano de obra, tasa de dólar y los combustibles, incrementando sus presupuestos más del 25% del presupuesto original.
El problema empeoró con una medida inadecua del exministro de educación Antonio Peña Mirabal que, ordenó paralizar todos los pagos de cubicaciones, que violaban la ley 340-06, por haber superado el 25 % del monto del contrato original. Solicitó al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), hacerles auditorías a todos estos proyectos, y fijó intolerantemente y fuera del alcance de la ley 340-06, un monto máximo al incremento del monto original contratado que, no sobrepasará el 40% lo que generó serios problemas. Peña Mirabal, no tenía facultad para fijar tope máximo,
Es por todo esto que, hay que reconocerle al presidente Luis Abinader, su buena acción para resolver, lo que el llamo nudo legal, enviando a la Cámara de Diputados el anteproyecto y luego convertido en la Ley No. 118-21 sobre terminación de obras viales, escuelas y hospitales que se encuentran suspendidas, promulgada el 1 de junio de 2021, que dispone un marco legal que, le ha permitido pagar casi en su totalidad, las cubicaciones atrasadas y las que, se siguen generando.
Es importante señalar que, la dirección financiera del Ministerio de Educación, debe buscar la vía de agilizar los procesos de pagos de cubicaciones, donde se han perdidos hasta semana entera sin trabajar, porque se le cae el sistema y no se vislumbra que esto se resuelva, afectando a los contratistas.
