Roberto Marcallé Abreu
Cuando escuché al presidente Luis Abinader referirse con amarga aunque enérgica preocupación a la inconcebible actitud de un grupo de uniformados que asesinó una pareja de esposos evangélicos, de inmediato reflexioné que esa sangre derramada adelantaba el arribo de una nueva etapa en el ejercicio gubernamental en la República Dominicana.
Me dije que era de esperarse una actitud menos tolerante frente a situaciones que provocan malestar y perturbación en la ciudadanía.
Es preciso recordar que las actuales autoridades asumieron la administración en circunstancias extremadamente adversas. Heredaron un nivel de degradación moral generalizado: robo descarado, abusos, dispendio, ilegalidad y anarquía por doquier.
Encontraron las arcas vacías, un país enfrentado a una pandemia feroz, la drástica caída de los índices económicos, pérdida de empleos, hambre, desesperación y una deuda externa sin precedentes.
Sin perder tiempo se empezaron a sentar las bases para un retorno a una difícil y compleja normalidad. Una gestión de muchas facetas ante un daño mayúsculo y tantas ruinas visibles y no visibles en el panorama social y económico.
Revertir una crisis tan extendida ha sido una tarea descomunal. Bien puede decirse que es bastante lo que se ha logrado incluyendo un aumento de la fe pública en el presidente y su equipo.
De ahí el anuncio del Banco Central de que por primera vez los índices económicos se tornan ligeramente a favor y de que las expectativas de crecimiento se proyectan hacia un 5 por ciento a fines de año.
Conviene no ignorar, no obstante, que en el ánimo público existe la actitud de que es preciso vigorizar los esfuerzos encaminados a aplicar justicia a los responsables de sumir al país en un mayúsculo estado de degradación. A muchos culpables y responsables aún no les llega la hora.
No debemos olvidar el impacto positivo que significó en la campaña electoral del 2016 la presencia junto al candidato Abinader del ex alcalde neoyorquino, Rudolph Guilliani, a quien se le atribuía su segura designación como asesor de seguridad del Poder Ejecutivo.
De esos entonces se recuerda que Guilliani calificó como “disfuncional”, nuestro sistema de seguridad pública y afirmó categóricamente que debía ser transformado “de forma radical”.
“Hay que acabar verdaderamente con la corrupción en los cuerpos de seguridad. La de arriba y la de abajo”, expresó. “Hay que computarizar la lucha contra el crimen. Crear un mapa donde se consignen los lugares de mayor vulnerabilidad”.
Sugirió pruebas de dopaje a los miembros de la policía, no permitir el uso de armas a personas que sufran quebrantos mentales o inestabilidad en su conducta y un banco de ADN para detectar con rapidez a quienes transgreden las leyes.
A su vez, el presidente Abinader dijo que se aplicaría “una legislación anticorrupción de manera efectiva llevando a juicio a los involucrados, independientemente de que fueran policías, fiscales o jueces”.
Guilliani manifestó que todo programa de reducción de la delincuencia debe empezar por una reforma policial que implique mejores condiciones de vida para los miembros de la institución, un mayor nivel de profesionalización y un esfuerzo para incentivar su honestidad.
Abundó al manifestar que no se puede reducir la criminalidad sin la cooperación del sistema judicial. “Tan importante es el seguimiento al desempeño de la policía, como de los procesos penales”, dijo.
“La única manera de enfrentar la delincuencia es empezando por los mandos superiores. Proceder con voluntad política, erradicando la corrupción y restableciendo la confianza en la institución y los servicios de seguridad”.
