El señor presidente de la Republica, licenciado Luis Abinader, hace varios meses, expresó en la última reunión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que “la República Dominicana no será la solución a la crisis haitiana y que esta tiene todo el derecho de aplicar una política migratoria amparada en su constitución, en los tratados internacionales y en la Ley General de Migración 285-04, tal como la están aplicando Estados Unidos y otros países contra los indocumentados”.
Desgraciadamente, para este país, la ONU ni la llamada comunidad internacional han tomado acciones para buscarle una solución definitiva a la crisis económica, política, social e institucional que afecta a Haití.
También le respondió con mucha gallardía al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el austriaco Volker Turk, “que las repatriaciones no solo se iban a mantener, sino, que serían incrementadas”, por este haber solicitado el cese a una supuesta campaña de xenofobia, discriminación racial y de odio existente contra los haitianos y de que se detuvieran las repatriaciones de estos.
Dicha acusación provocó una gran indignación entre los dominicanos que defendemos nuestra soberanía, pues ha sido considerada como una provocación, injerencia e irrespeto a nuestro país, pues él y el organismo que representa, no están cumpliendo con sus responsabilidades.
En los últimos meses el Gobierno dominicano ha estado sometido a fuertes presiones y acusaciones por parte de Estados Unidos y la comunidad internacional para que permita en nuestro territorio la instalación de campamentos de refugiados haitianos, lo que ha generado protestas y una gran indignación en los partidos de oposición y en diferentes sectores sociales y patrióticos, pues dicha solicitud atenta contra la soberanía de nuestro país. Las mismas se han efectuado en el siguiente orden:
Primero: la visita de la subsecretaria de Estado para la Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Uzra Zeya, quien vino a trazarle pautas al presidente de la República, solicitando un buen trato para los nacionales haitianos.
Segundo: la acusación del señor Volker Turk, antes señalada.
Tercero: La acusación del alto comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), señor Filippo Grandi, quien también nos acusa de violar los tratados internacionales y de dar un trato inhumano a los haitianos.
Cuarto: el comunicado del agregado comercial de la Embajada de los Estados Unidos, Robert Thomas, acusando a las autoridades de Migración de darle un trato desigual y discriminatorio a los ciudadanos de color de ese país, así como las medidas económicas aplicadas contra el emporio “Central Romana Corporation”, que también es una presión contra el país.
Quinto: el ‘tiro de gracia’ lo dio la general del Ejército de los Estados Unidos, Laura Richardson, jefa del Comando Sur, con su visita al país, la cual vino a impartir órdenes precisas para que se detuvieran las repatriaciones. Decir que su visita fue con fines de cooperación y para fortalecer nuestras relaciones, no responde a la verdad, pues esos altos militares sólo se desplazan a un país como el nuestro a cumplir con una misión específica.
Desgraciadamente, el señor presidente, a cambio de migajas ofrecidas, ha cedido a dichas presiones; estas han logrado torcerle el brazo, pues en el último mes no se han producido repatriaciones de nacionales haitianos; por el contrario, la entrada de estos al país es cada vez mayor, sin que se tomen las medidas correspondientes.
Todo parece indicar que, inmerso en su proyecto reeleccionista, no quiere desobedecer dichas órdenes, sin importarle las consecuencias que estas les generen al país y que este se hunda en la arrabalización, inseguridad e inestabilidad social. Con ellas se está lacerando nuestra soberanía, que tantos sacrificios, lágrimas, sudor y sangre nos ha costado.
