En El Salvador, pequeño país centroamericano con tantas o más dificultades que RD, dos expresidentes fueron investigados y sometidos a la justicia recientmente. Uno, Mauricio Funes, se convirtió en prófugo y el otro, Tony Saca, fue condenado a 10 años de cárcel y a devolver 260.7 millones de dólares.

Buen ejemplo para el gobierno del PRM y Luis Abinader, a propósito de la discusión del Presupuesto General del Estado.

En el océano de Internet se puede bucear la información: «La Corte Suprema de Justicia de El Salvador confirmó este jueves la condena de 10 años de prisión impuesta al expresidente Tony Saca y que devuelva al Estado 260.7 millones de dólares.

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema también ratificó las condenas impuestas a tres de sus exfuncionarios más cercanos y tres exempleados de la Casa Presidencial, que además deberán de regresar el dinero robado»

La Constitución RD (2015) establece claramente: «Es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente…» (Art. 146.3- Negritas de AHF).

Esto significa que la «autoridad competente» puede requerir a cientos de exfuncionarios, familiares y testaferros que demuestren de dónde sacaron las riquezas que ostentan y, mientras dura el proceso, sus cuentas bancarias podrían ser retenidas o depositado ese efectivo en una cuenta especial del Banco de Reservas.

El monto total de ese dinero puede servir de garantía al Gobierno para solicitar un préstamo al Banreservas porque de seguro la mayoría de lo obtenido quedaría en poder del Estado. Si hubiera alguna excepción, después del proceso correspondiente, hasta se le podrían pagar intereses e indemnización, si procediese, al declarado «inocente».