Rafael Molina Morillo, director de El Día
Se discute en el Congreso Nacional un proyecto de ley que ha dividido a la opinión pública en dos: los que propugnan por que se permita a cualquiera poseer armas de alto calibre, por un lado, y los que abogan por un desarme total de la población, por el otro.
Desde siempre me he inclinado por la prohibición de armas en manos civiles, pero me quedo sin argumentos cuando hojeo los periódicos y veo los abusos que se cometen a diario contra víctimas que no tuvieron con qué defenderse de los malvados que conservan sus armas a pesar de cualquier prohibición.
Si, por el contrario, se legislara para que todo el mundo pueda andar armado hasta los dientes porque la Policía no ha hecho su trabajo y cada quien decide hacer justicia por su propia mano, convertiríamos a la República Dominicana prontamente en un campo de batalla, en el cual no habría vencedores, sino que todos seríamos vencidos.
Lo cierto es que, al ritmo que vamos, alguna estrategia hay que aplicar para enfrentar con éxito el creciente auge de la delincuencia. Esa estrategia ha de incluir una mejora sustancial de los salarios policiales a cambio de una verdadera depuración del cuerpo del orden para que no haya cómplices del crimen en sus filas.
El Presidente de la República tiene que jugársela ahora. Antes de que sea tarde.
