Rafael Molina Morillo, director de El Día
Un paquete de funcionarios públicos se burla descaradamente de la ley que les obliga dentro de un plazo determinado a rendir una declaración jurada de sus bienes a la entrada y la salida de sus cargos.
A ellos no les avergüenza ver sus nombres en los periódicos, formando parte de las listas de delincuentes que incumplen la ley, dando lugar a que la gente piense que son unos ladrones.
¡A mí qué me importa! –parecen decir. Pero lo peor del caso es que, aunque la ley establece sanciones para aquellos que no rinden a tiempo sus declaraciones juradas, a éstos violadores de la ley no les pasa nada.
La Justicia está mirando para otro lado. La ley no se hizo para ellos.
¡Qué buen precedente sería que la Cámara de Cuentas, o la Procuraduría General, o quien sea, motorice el encarcelamiento de esos funcionarios delincuentes! ¡Eso sí sería hacer lo que nunca se ha hecho!
Mucho se habla de la democracia, del imperio de la ley, de la institucionalidad y de otras lindezas por el estilo, pero de ahí no pasaremos hasta que llegue el día en que los investidos del Poder, conscientes de sus obligaciones cívicas, den un puñetazo en la mesa y cumplan con su deber caiga quien caiga.
