Santo Domingo.-La situación económica impulsó al exconsejero del Poder Judicial Francisco Arias Valera a refugiarse por varias horas en la sede de la Nunciatura Apostólica, precisó ayer en horas de la tarde el imputado exfuncionario.
Explicó que el objetivo de alojarse fue llamar la atención sobre lo que considera abuso por parte de la Procuraduría, que le mantiene las cuentas bancarias embargadas sin justificación, ya que una jueza levantó la inmovilización de los fondos y la entidad no lo hizo constar en la acusación.
Indicó que notificó al banco a través de su esposa y la entidad financiera le exigió la sentencia certificada, lo que dijo que hicieron, luego le pidieron que se dirigiera a la Superintendencia de Bancos para que la autorizara, pero allí no obtuvo resultados favorables.
Arias Valera narró que económicamente esa situación que considera abusiva lo tiene ahogado. El Banco de Reservas le tiene congelados dos certificados financieros y una cuenta con un monto total de 2 millones 749 mil pesos, a pesar de que una sentencia ordena el levantamiento, según explicó.
“Por qué a mí”, se pregunta el exconsejero, al relatar que la también suspendida jueza Awilda Reyes estaba en la misma situación, pero ya la cuenta le fue liberada mediante un proceso llevado a cabo en la Fiscalía de Ciudad Nueva.
El exconsejero del Poder Judicial se refugió en la Nunciatura Apostólica en la mañana, donde solicitó asilo político.
En la tarde su abogado Carlos Balcácer le pidió que no era conveniente que estuviera en dicho lugar.
Arias Valera guarda prisión domiciliaria y tiene seis permisos al mes para ir al médico, pero para su abogado Balcácer lo que hizo ayer fue un “error”. Arias Valera está acusado de pertenecer a una estructura mafiosa que supuestamente negociaba sentencias a favor de implicados en narcotráfico y el crimen organizado.
En horas del mediodía, el exfuncionario se presentó para solicitar asilo por sentirse “un perseguido político de Danilo Medina, del presidente de la Suprema y de Reinaldo Pared Pérez, actual presidente del Senado”.
Expresó que recibe “presión para que llegue a un acuerdo con la Procuraduría General de la República para denunciar al expresidente Leonel Fernández y al exprocurador Radhamés Jiménez Peña”.
