Santo Domingo.-El senador por la provincia Hermanas Mirabal Luis René Canaán Rojas supuestamente recibió el dinero del soborno entregado por la empresa brasileña Embraer, cuantificado en 3.5 millones de dólares, para que consiguiera los votos que permitieran que el Congreso Nacional aprobara el préstamo de 94 millones de dólares para la compra de ocho aviones Súper Tucano.
Así consta en el expediente elaborado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en el que indica que el dinero en cuestión era gestionado por el general Pedro Rafael Peña Antonio, primero como jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea (2006-2008) y luego como secretario de las Fuerzas Armadas (hoy Ministro de Defensa) y su asistente, el coronel Ramón Piccini Núñez.
“Luis René Canaán fue el congresista que recibió del coronel Carlos Ramón Piccini Núñez, director de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, los dineros del soborno transnacional conferidos por los ejecutivos de la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), con miras a garantizar los votos necesarios para lograr la aprobación del empréstito ante el Congreso de la República, por la suma de casi 94 millones de dólares para la compra de ocho aeronaves”, indica la investigación realizada por el Ministerio Público.
Añade que Piccini Núñez era la persona que recibía el dinero por parte de los ejecutivos de Embraer y lo entregaba posteriormente a Canaán Rojas, quienes llegaron a realizar viajes juntos a Brasil y New York para hacer los arreglos de la transacción ilícita.
Una de las empresas utilizadas para las transferencias era 4D Business Group, de Daniel Aquino Méndez y Danilo Aquino Hernández, los cuales están detenidos desde el miércoles, al igual que Peña Antonio y Piccini Núñez.
Las otras empresas son Saperofa, propiedad de Samuel Pereyra Rojas, sobrino del senador Canaán, y Ferrboc, propiedad de Santos Pérez y Sonia Rojas Tabar, tíos del senador.
Vocero de Leonel critica
El periodista Rafael Núñez, hablando en su condición de vocero de Leonel Fernández, manifestó ayer que el Ministerio Público debe actuar “con entera libertad e imparcialidad en los casos que se presuma se han cometido actos dolosos, mediante una investigación que garantice el debido proceso y no esté contaminada por el chantaje y la justicia selectiva”.
“Ojalá que la acción de la Pepca no responda al chantaje o una especie de justicia selectiva con la que actúa la Procuraduría General de la República, instancia que ha sido muy diligente para mover la acción pública en momentos que tienen una connotación muy especial, cercanos a fechas significativas en el ajedrez político, lo que se interpreta como un chantaje”, dijo el exdirector de Prensa de la Presidencia.
Acusó al Procurador General de la República de haber utilizado “por más de dos años un expediente de alegada corrupción contra un exfuncionario, a los fines políticos del jefe del Ministerio Público”.
Rafael Núñez añadió que cualquier persona que haya ejercido funciones públicas en la administración de Fernández o cualquier otro gobierno, civil o militar, está obligada a rendir cuentas y acudir a las instancias judiciales cuando así se le requiera, y es ahí que debe probar su inocencia”.
Observó que el país no puede, sin embargo, ver con buenos ojos que desde la Procuraduría General de la República se intente hacer justicia selectiva o usar expedientes como forma de chantaje.
Interrogatorio
La procuradora de Persecución de la Corrupción Administrativa interrogó al empresario Rafael Santos Rojas, dueño de la empresa Zepeda S.A. y Ferrodor, quien fue acompañado de su abogado Francisco Taveras, quien dijo que su cliente fue entrevistado con relacion a los Súper Tucano.
También fueron interrogados Aquino Hernández y el coronel Piccini Núñez.
Laura Guerrero Pelletier, dijo que están valorando las pruebas de los interrogatorios para determinar si procede o no solicitar medidas de coerción contra los implicados en el soborno millonario para la compra de ocho aviones Súper Tucano.
Pepca debe depositar solicitud
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa deberá depositar la solicitud de medida de coerción a los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez hoy en la mañana, por cumplirse el plazo de las 48 horas que establece la ley, o de lo contrario deben ser liberados.
Están acusados por supuestamente estar implicados en el soborno en la compra de los Súper Tucano a una empresa en Brasil. Mientras que al general retirado y exsecretario de la Fuerzas Armada hoy Ministerio de Defensa, Pedro Rafael Peña Antonio y al coronel activo de las Fuerzas Armadas Carlos Ramón Piccini Núñez se le cumple a las 3:00 de la tarde.
