De antemano sé que esta propuesta que hago al Congreso o a los cabildos del país será de poco agrado, y es que los dueños de garajes y estacionamientos por alguna vía legal paguen una patente para operar como tales a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), y un impuesto adicional de los beneficios que mensualmente obtienen a los ayuntamientos donde funcionan.
Además de la patente que deben de obtener vía la Dirección General de Impuestos Internos para regularizar sus operaciones, los impuestos de los beneficios que perciben estos negocios podrían cobrarse mediante una ley sancionada por el Congreso o una resolución emanada de las salas capitulares de los ayuntamientos del país.
Ahora bien, con excepción de la expedición de la patente, los beneficios adicionales que perciben los dueños de garajes y estacionamientos deben estar destinados a fortalecer económicamente los ayuntamientos del país.
Solo en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo operan cientos de garajes y estacionamientos que no están registrados ni regulados por ninguna ley y que no pagan impuestos por sus operaciones.
Además de los estacionamientos constituirse en un “negocio redondo”, y de operar digamos de manera “clandestina”, porque no están registrados ni contabilizados, también disponen de manera unilateral de tarifas abusivas y aumentos antojadizos periódicos en perjuicio de los ciudadanos que por necesidad de proteger sus vehículos hacen uso de estos aparcamientos.
Si el Estado desea conocer la cantidad de garajes que funcionan a nivel nacional solo tiene que ordenar que la Dirección General de Impuestos Internos, en coordinación con los ayuntamientos del país, haga un levantamiento y comprobará que la cantidad sobrepasa los miles de estacionamientos que operan en el país sin pagar un centavo a los cabildos ni al Gobierno, y los recursos que perciben van a parar a los bolsillos de sus dueños.
Son muchos los patios de colegios privados, de estaciones de combustibles, solares y hasta viviendas que sus dueños han destruido para convertirlos en garajes.
Esta propuesta personal que hago de que se grave con un impuesto a los dueños de garajes y estacionamientos es con la única y sana intención de que el Estado o los cabildos donde operan obtengan más recursos y que los beneficios que se logren de estos negocios, además de ser correctamente administrados, sean invertidos en obras sociales que requiera la comunidad para mejorar la calidad de vida del ciudadano.
Además de los estacionamientos, otra buena fuente de ingreso para los cabildos o el Estado serían los denominados “car wash” o lavaderos de autos.
Una buena parte de estos negocios no paga patente y algunos hasta donde tengo entendido pagan una pírrica factura por consumo de agua, que incluso muchos lavaderos han dejado de pagarla al construir los llamados pozos tubulares.
Incluso, aunque hayan construido pozos tubulares para la obtención del agua que requieren para el lavado de vehículos, se les debe cobrar un impuesto por el consumo de agua extraída del subsuelo, pero a estos negocios no ha habido autoridad de gobierno alguno que se atreva “a marcharle con el cobro de impuestos”.
Los denominados “car wash”, al igual que los estacionamientos, operan “como chivos sin ley”, es decir, ellos son los que imponen sus tarifas. Solo tiene que visitar uno de estos lavaderos y comprobará usted mismo cuánto cuesta un lavado sencillo, de interior, de motor y a presión.
