Santo Domingo.- Cuatro economistas coincidieron ayer en que la discusión para firmar el pacto fiscal debe centrarse en reducir la evasión, controlar el gasto público y racionalizar las exenciones fiscales.
Los expertos en asuntos fiscales Germania Montás, Alfonso Abreu, Nelson Suárez y Ernesto Selman, recordaron que el pacto fiscal está contemplado en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo Económico, la cual contempla que este no es únicamente financiero, sino de fuerzas políticas, y uno de sus objetivos es garantizar la sostenibilidad macroeconómica.
El economista Alfonso Abreu considera una falacia que algunos técnicos del Gobierno sostengan que no se puede realizar un presupuesto equilibrado porque el gasto público “es rígido, inflexible y hay que pagar deudas, la nómina y el subsidio eléctrico”, cuando solo en el sector energético existen siete consejos que pueden ser reducidos a uno para
José de León
ahorrar recursos.
“El primer elemento para sentarse a discutir un pacto eléctrico es que el Gobierno reconozca que en realidad se puede ir a hacer un presupuesto equilibrado, donde solamente el financiamiento sea para fines de amortización de deudas y que esa situación se refleje en la misma legislación; que si hay necesidad de hacer modificaciones impositivas, la propia legislación plantee como condición que la vigencia de esas modificaciones esté condicionada a que el Gobierno se esté manejando con un presupuesto equilibrado”, dijo Abreu.
Cinco pasos
Mientras que Nelson Suárez cree que los sectores que se sentarán a la mesa a discutir el pacto fiscal deben tener presente cinco pasos fundamentales, que incluyen “reconocer el rol y las funciones del Estado; responsabilidad fiscal y estabilidad macroeconómica, elevar y fortalecer la calidad del gasto, promoción de la equidad y la inclusión social, y mayor transparencia y fortalecimiento de la institucionalidad fiscal del país”. “El gobierno quiere más ingresos, los empresarios y sectores productivos quieren que les bajen los impuestos y en medio queda la ciudadanía, lo lógico sería llegar a una especie de acuerdo para definir un pacto fiscal legítimo y transparente”, indicó.
Reglas fiscales
Ernesto Selman, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CRESS), abogó porque el Pacto fiscal se centre en reorganizar la fiscalidad y el control del gasto público para reducir el endeudamiento y los déficits fiscales. “Hemos planteado una ley de responsabilidad y transparencia fiscal que incluya reglas fiscales, normas que deben cumplir los gobiernos cuando se realiza el gasto público o cuando se va asumir un déficit fiscal. Proponemos un tope al crecimiento anual del gasto público en término real”, detalló Selman.
C
José de León
onsideró que no solo con leyes se resuelven los problemas del país, sino con la voluntad política de las autoridades.
“El tema a debatir es cómo se van a hacer las cosas. Hemos aprobado 11 legislaciones desde el año 2000 para acá, que incrementan tasas impositivas y/o introducen nuevas figuras y otras 10 legislaciones que incluyen exoneraciones y exenciones fiscales”, dijo.
División del pastel
A su vez, Germania Montás consideró que debido a la cantidad de leyes que preasignan los recursos del Presupuesto del Estado, solo resta un punto del Producto Interno Bruto para solucionar los demás problemas del país. “El 40 % del ingreso público está vinculado a amortización y pago de intereses; el 6,7 % al subsidio eléctrico y si seguimos repartiendo el pastel nos queda 18 % para el resto del Estado.
El pacto debe abocarse a solucionar la distribución de ese pastel en un período transitorio, aunque lleguemos a un punto en que sí se puedan introducir cambios fundamentales. Ahora tenemos problemas que hay que resolver como un asunto de supervivencia”, explicó.
Racionar las exenciones por exoneraciones
El economista Nelson Suárez planteó al Gobierno revisar las exenciones que otorga por ley y determinar si pueden ser cambiadas por exoneraciones.
Consideró que en ese sistema existe inequidad, porque hay sectores que se benefician de ese mecanismo desde hace más de 20 años y ya no es posible continuar, porque generan muchos ingresos. Planteó que sean cambiadas por exoneraciones, que es un mecanismo que requiere de permiso. Este año el Estado otorga 22 mil millones de exenciones por impuesto sobre la renta y 25 mil millones a generadores energéticos.
