Por: Valentin BONTEMPS/Eleonore DERMY
PARÍS. – Sociedades ‘fantasma’, montajes financieros en los paraísos fiscales, acciones al portador: el escándalo revelado en los «Papeles de Panamá» ilustra la sofisticación de las estrategias de evasión fiscal usadas por los defraudadores. He aquí un repaso de la situación.
¿Qué mecanismos fueron utilizados?
Ante todo, las llamadas sociedades ‘fantasma’ o instrumentales, para disimular haberes y ocultar la identidad real de un propietario real de una cuenta o una sociedad. Se trata de los «trusts», estructuras jurídicas «offshore», basadas en el extranjero y a menudo en paraísos fiscales.
Son administradas por personas que aparecen como directivos de estos ‘trusts’, lo que permite ocultar la identidad de los verdaderos beneficiarios, que eluden así el impuesto en su país de origen.
«Hay centenas de miles de trusts en el mundo», en Panamá, pero también en Guernesey, Bahamas o las Islas Vírgenes británicas, explica a la AFP Daniel Lebègue, presidente de Transparency International France.
El escándalo de los «Panama papers» ilustra asimismo, en las estrategias de evasión fiscal, la omnipresencia de las «acciones al portador» o «bearer shares», acciones que permiten no divulgar la identidad de su propietario, a diferencia de las acciones nominales.
¿Son ilegales?
Recurrir a sociedades «offshore» no es en sí ilegal. En Francia, por ejemplo, están autorizadas si son declaradas al fisco.
Pero, según Lebègue, «detrás de estas estructuras opacas, hay dinero muy negro, procedente de actividades criminales (droga, terrorismo, delincuencia), del dinero negro (obtenido mediante corrupción) y del dinero gris (obtenido de la optimización fiscal).» Tampoco las acciones al portador son ilegales, según los expertos.
«En cambio, son contrarias a las normas internacionales. No por la acción al portador en sí, sino por no saberse quien está detrás de ella», afirma Pascal-Saint Amans, que coordina la lucha contra los paraísos fiscales en la OCDE.
¿Cómo erradicar la evasión fiscal?
Se han hecho muchos esfuerzos en este sentido desde 2009, bajo el impulso del G20. Ello permitió una fragilización del secreto bancario (90 países se han comprometido a intercambiar automáticamente sus informaciones antes de 2018) y la adopción de un plan de lucha contra la optimización fiscal de las multinacionales, el «BEPS», adoptado en noviembre, que las obliga a declarar sus actividades país por país.
«El G20 se ha puesto de acuerdo sobre el objetivo y el principio» pero «no todos (los países) han tomado las medidas necesarias para aplicarlos» matiza Daniel Lebègue. Más globalmente, los países tienen dificultades para acabar con la opacidad debido a la falta de cooperación de ciertas jurisdicciones, y a la complejidad de las técnicas utilizadas.
«Los defraudadores se adaptan» explica a la AFP Antoine Bozio, director del Instituto de políticas públicas (IPP), para quien «la lucha contra el fraude fiscal se juega en el terreno de las técnicas financieras».
¿Qué países plantean aún problemas?
Según una lista de la Comisión europea publicada en junio, 30 jurisdicciones son consideradas aún no suficientemente cooperativas. Entre ellas, islas del Caribe como Anguila y Antigua-y-Barbuda, aunque también Seychelles o Liechtenstein.
La OCDE cita por su lado a 38 jurisdicciones que deben hacer más progresos. Un país centra las críticas: Panamá, considerado por las ONG como la ‘oveja negra’ de la lucha anticorrupción, debido a su gran número de sociedades offshore (unas 100.000) y su reticencia a hacer más transparentes las famosas «acciones al portador».
«El +black money+ se ha concentrado en las jurisdicciones que siguen siendo las más opacas, y la más opaca de todas es Panamá» destaca Pascal Saint-Amans, que alude a una «línea de frente».
«Cuanto más avanzamos, más los defraudadores se concentran en los países que no han hecho progresos» explica.
