5 años de promesas de seguridad ciudadana: un balance necesario

Han pasado cinco años desde que nuestro mandatario actual prometió reducir la delincuencia en un 50%. Esta promesa generó grandes expectativas en la ciudadanía, que aguardaba una transformación significativa en la seguridad del país. Sin embargo, tras este tiempo, la sensación de inseguridad persiste y los resultados obtenidos hasta ahora han sido limitados. A pesar de la implementación de diversas iniciativas, la falta de una estrategia clara y coherente se hace cada vez más evidente.

Uno de los elementos centrales del plan en materia de seguridad ciudadana ha sido la reforma policial, que, aunque anunciada con grandes expectativas, ha dado resultados insuficientes. En su discurso, el mandatario ha destacado la mejora en la formación de los oficiales y el aumento en el número de policías. No obstante, a cinco años de la promesa inicial, los avances siguen siendo superficiales. A pesar de los esfuerzos, la desconexión entre los planes presentados y los resultados tangibles en las calles es clara. Aunque se han implementado algunos esfuerzos puntuales, como la inauguración y remodelación de 36 nuevos destacamentos (que se suman a los aproximadamente 300 existentes), muchos de ellos carecen de infraestructura adecuada, no cuentan con conectividad y no están aptos para un trabajo digno, lo que limita su efectividad. Además, la reforma policial no está acompañada de un plan integral que involucre áreas clave como la justicia, la educación y la integración social.

Lea también: Discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader ante la Asamblea Nacional

Desde 2023, el Estado ha desembolsado anualmente 118 millones de pesos para el alquiler del Hotel Bahía Príncipe en Río San Juan, con el objetivo de utilizarlo como centro de formación para policías. Sin embargo, en estos últimos cinco años, no se ha creado una escuela de formación profesional para la Policía Nacional que cumpla con los estándares internacionales, mientras se sigue pagando alquiler por una infraestructura que no es del Estado. El porcentaje de graduados también ha estado por debajo de las expectativas. Para el primer año de alquiler, solo 1,016 oficiales se graduaron, una cifra baja considerando la magnitud de la reforma.

Los datos sobre la reducción de homicidios que se presentan, aunque positivos a primera vista, no reflejan toda la realidad de la delincuencia en el país. Según las estadísticas, la tasa de homicidios disminuyó de 11.5 a 9.61 por cada 100,000 habitantes entre 2023 y 2024. Sin embargo, estos números no corresponden completamente con lo que vive la ciudadanía a diario. La tasa de homicidios de 9.4 por cada 100,000 habitantes en 2019, al inicio del mandato, sigue siendo más baja que la cifra de 2024. Además, la reducción de homicidios no refleja una disminución general de la criminalidad. Robos, violencia, feminicidios, entre otros, siguen siendo problemas persistentes en muchas comunidades. La sensación de inseguridad no disminuye, ya que los ciudadanos no perciben mejoras significativas en su vida cotidiana.

Otro aspecto que genera desconcierto es la cifra de feminicidios. A pesar de que el mandatario reportó una disminución, la realidad muestra un aumento en los casos. En 2024, los feminicidios aumentaron en comparación con el año anterior, y los datos revelan un incremento del 14.5% respecto a 2019. Este desajuste entre los anuncios y las cifras reales resalta la falta de efectividad en las medidas adoptadas.

A lo largo de estos años, se han implementado diversos planes de seguridad, como “Mi País Seguro”, “De vuelta al barrio” y “Operación Garantía de Paz”. Sin embargo, la falta de continuidad y cohesión entre ellos ha contribuido a la sensación de que no existe una estrategia clara. Se han anunciado operativos de seguridad, como el fortalecimiento de la Policía Nacional y el aumento de patrullajes mixtos en áreas críticas. No obstante, estos esfuerzos parecen más medidas temporales que no abordan las raíces del problema. En lugar de soluciones a largo plazo, se han implementado acciones reactivas, como las restricciones al ruido y al alcohol, lo que refleja una falta de comprensión sobre las causas estructurales de la criminalidad.

La pobreza, la desigualdad social y la falta de oportunidades son problemas que siguen sin ser atendidos de manera integral. Mientras no se resuelvan estas causas subyacentes, cualquier acción en materia de seguridad será solo una solución parcial. Es evidente que no se ha logrado implementar una política coherente que contemple tanto la prevención como la intervención social. La criminalidad no solo se combate con más patrullas y más policías en la calle, sino con un enfoque que ataque las raíces del problema. Esto implica mejorar las condiciones de vida, promover la educación y garantizar el acceso a oportunidades para todos, especialmente en las comunidades más vulnerables.

La falta de una visión clara y de un programa sostenible ha limitado los resultados de las reformas de seguridad pública. En lugar de un plan integral que se enfoque en la prevención y la erradicación de la pobreza, hemos sido testigos de una serie de intentos aislados que no logran una transformación real. Aunque las cifras de homicidios presentadas puedan indicar una mejora en algunos aspectos, la inseguridad sigue siendo una de las mayores preocupaciones de la población. La sensación de vulnerabilidad continúa siendo alta y los ciudadanos siguen sin ver una mejora en su seguridad diaria.

Para que el país logre un verdadero adelanto en la seguridad, es fundamental centrarse en una estrategia integral, coherente y comprometida a largo plazo. Abordar los problemas estructurales de fondo es crucial. Sin un compromiso real para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población, las medidas de seguridad seguirán siendo ineficaces. La clave está en un enfoque integral que ataque las raíces de la criminalidad y, sobre todo, logre conectar las políticas públicas con las necesidades reales de los ciudadanos.