El 2017 fue un año básicamente positivo para el pueblo dominicano. Y yo estoy convencido de que 2018 será mucho mejor, a pesar de todos los esfuerzos que pueda hacer el Gobierno para que sea lo contrario.

Por supuesto que no estoy hablando del tan cacareado crecimiento económico (que se quedó en 4.5 %), pues todos sabemos que en materia económica aquí se aplica la ley del embudo, en la que al pueblo siempre le toca la parte más estrecha.

Hablo de algo más importante.

Me refiero al despertar de un pueblo que durante décadas estuvo adormecido ante un mal tan grave como el de la corrupción, mientras una pandilla de depredadores con corbatas acumulaba fortuna y se regodeaba impunemente, estrujándonos en la cara todo lo que se habían robado.

Recordemos que el movimiento anticorrupción surge en un contexto caracterizado por eso que los sociólogos y escritores como el exministro de las Fuerzas Armadas José Miguel Soto Jiménez definen como una anomia social.

Todo iba bien para los exserios -y ahora ladrones ambidextros- hasta aquel histórico domingo 22 de enero del año pasado, cuando una gigantesca marea humana vestida de esperanza salió a las calles a decirles no a la corrupción y la impunidad.

Aquella multitud de buenos dominicanos, que partió de la intersección de las avenidas Máximo Gómez con 27 de Febrero y culminó en el emblemático parque Independencia, dejó atónito al Gobierno.

Pero en vez de asimilar la lección, el Gobierno optó por lanzar su enjambre de bocinas pagadas que, junto a funcionarios del más alto nivel, trataron de desacreditar aquel hermoso movimiento cívico sin precedentes en el país. Claro que sus esfuerzos fueron en vano.

Desde entonces, mes tras mes, la Marcha Verde no ha hecho otra cosa que ganar el respaldo de los sectores más sanos de la población.

En cada región se realizaron manifestaciones contundentes, caracterizadas por el orden, el civismo y, sobre todo, por la firmeza, en un ejercicio de ciudadanía ejemplar.

En el mes de julio, una marcha nacional aún más multitudinaria que la primera y las de Santiago, San Pedro, Azua, Barahona y Puerto Plata, demostró que el movimiento ya entraba en una etapa de madurez, y contrario a lo que pretende el Gobierno, luce más organizado y por tanto más contundente.

Con ese precedente, no es una quimera esperar que 2018 sea un año mejor que el anterior, al menos en lo relativo a la lucha contra la corrupción, sobre todo si los organizadores del movimiento mantienen la unidad y la coherencia en la demanda fundamental, que es castigo para los corruptos y que cese la sangría de los recursos del pueblo dominicano.

El Gobierno, por su lado, cometería un grave error si sigue apostando al olvido y a que un escándalo tape otro, pues en 2017 quedó demostrado que el dominicano dejó de ver la corrupción como algo secundario, porque entendió que esta es la causa de muchos de los males que le afectan.

En mi opinión, no hay alternativas: en 2018 no solo debe continuar, sino arreciar la lucha contra la corrupción, por necesidad y conveniencia, incluso para quienes gobiernan.