Del último cuarto de siglo, el 2013 debe ser considerado como uno de los años más difíciles de las relaciones entre Haití y la República Dominicana. Desde las repatriaciones masivas ordenadas por el extinto presidente Joaquín Balaguer en junio del 1991 no se había producido un enfrentamiento entre las dos partes en el escenario internacional, hasta la crisis provocada por la sentencia de desnacionalización 168/13 del Tribunal Constitucional dominicano.
En aquel entonces, el presidente Jean Betrand Aristide denunció en la Asamblea General de las Naciones Unidas las condiciones en las cuales miles de sus compatriotas estaban siendo repatriados desde el territorio vecino. También hizo hincapié en las condiciones de trabajo a las que habían sido sometidos en los campos de caña.
22 años después, tras la crisis diplomática desatada a raíz de la desafortunada decisión judicial del 23 de septiembre, el gobierno dominicano asume, a principios de diciembre, romper unilateralmente un proceso de diálogo iniciado entre las partes bajo los auspicios de Caracas. Disposición motivada por la resolución del CARICOM de excluir temporalmente de ese bloque regional a la República Dominicana.
Dicha resolución del CARICOM fue precedida de un discurso del presidente Jean Michel Martelly en Jamaica, donde subrayó elementos fundamentales que constituyen violaciones tanto a la Constitución dominicana como a varios convenios internacionales contenidas en la sentencia. Por lo cual, Haití como Estado y los demás países miembros de la entidad regional han expresado su enérgico rechazo a la desnacionalización de miles de dominicanos de ascendencia haitiana afectados por la sentencia. Habiendo recibido la misma un amplio repudio por diversas entidades y medios globales de prensa.
El enfrentamiento diplomático ya había pasado por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington. El cual decidió enviar una delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos cuyo informe preliminar, tras escuchar cerca de 4,000 testigos, agravó más la situación para el gobierno dominicano.
El conflicto llegará este 31 diciembre a sus 99 días creando serias dificultades diplomáticas al Estado y enormes daños a la imagen internacional dominicana tal como lo advirtieron las dos valientes juezas en sus votos disidentes las honorables Kathia Miguelina Jimenez y Isabel Bonilla.
El año que termina se inició con dos otros expedientes migratorios que coparon los medios durante largo tiempo. La protesta de antiguos obreros de las coqueras de Haina desde diciembre del 2012 y los incidentes en el puente Masacre por la negación de las autoridades migratorias en permitir el retorno de los trabajadores migrantes que cruzaron a Haití para las navidades.
Ambos casos fueron resueltos. No sin profundas dificultades. El jefe de Estado tuvo que intervenir personalmente en una reunión en Palacio para encontrar una salida al paro de las actividades comerciales en Dajabón, debido a la situación creada bajo el liderazgo del padre Regino Martínez. En tanto, un tribunal de San Cristóbal falló a favor de los obreros coqueros que regresaron a su país después de un movimiento de resistencia sin precedentes, por más de un mes, en el contén del Ministerio de Trabajo, en el Centro de los Héroes.
La atención de la opinión pública fue asimismo retenida por el sonado caso de los 22,000 expedientes de hijos de inmigrantes haitianos nacidos en la República Dominicana, portadores de documentos de identidad nacional, afectados por una resolución administrativa de la Junta Central Electoral por cuya solución abogo el juez José Ángel Aquino.
El caso dividió la junta y la clase política nacional. Mientras creó un activismo nunca visto de parte de los afectados a través del Movimiento Reconocido protagonista de varias actividades de protesta en diversos puntos del país, incluso frente al Palacio Nacional. Representantes de las Naciones Unidas pidieron al Jefe de Estado recibir a los afectados. Lo cual se produciría después de la publicación de la sentencia 168/13.
Ese proceso permitió el surgimiento de nuevos liderazgos destacándose el de Ana Maria Belique. En tanto que Juliana Deguis Pierre emerge tal una Rosa Park como la figura representativa de todos los afectados por no aceptar el atropello de la Junta Central Electoral ni del Tribunal Constitucional.
El diferendo comercial surgido durante el verano entre los dos gobiernos en torno a la gripe aviar -que no fue comprobada en el territorio dominicano- agravó un ambiente que se tornaba cada vez más hostil hacia la comunidad haitiana con manifestaciones xenófobas apoyadas por funcionarios gubernamentales y sectores aliados al poder especialmente en Santiago y Veron de Higuey.
Ciertos medios digitales difundieron la farsa de un supuesto plan de exterminación del pueblo dominicano por los inmigrantes haitianos. En días pasados un síndico acusado de corrupción inventó que miembros de la comunidad habían quemado una bandera dominicana. Un nuevo episodio de persecución colectiva con el saldo del linchamiento de un inmigrante haitiano en relación al crimen de una pareja campesina fue registrado un Neiba. El mismo provocó expresiones de indignación y reacciones anti dominicanas en contra de la comunidad de criollos que viven allí.
Paralelamente, las repatriaciones masivas se incrementaron. Por igual, el tráfico de personas en la frontera. Siendo la República Dominicana usada como puente por las redes de traficantes para llevar a viajeros clandestinos haitianos a la vecina isla de Puerto Rico.
Vale la pena señalar, sin embargo, varios elementos positivos en perspectiva al 2014. La disposición del presidente Medina externada en una visita en Haití de facilitar locales para la documentación de inmigrantes haitianos; sus excusas a las personas afectadas por la sentencia y su compromiso de buscar una alternativa humanitaria; los resultados de la encuesta de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) con apoyo de la UNFPA/UE que permite al país tener cifras oficiales con relación a la migración haitiana; el estudio de impacto de la Junta Central Electoral que determino que en vez de 210,000 serian 14,000 los casos que pudieran verse afectados por la sentencia.
Asimismo, la aceptación popular que tuvo Rumai (Palito de coco) un vendedor de dulces de coco, inmigrante irregular, como expresión de la hospitalidad y del calor humano del dominicano. Igualmente, el Plan de Regularización de Extranjeros excluyendo obviamente la confusión inaceptable que se ha querido crear con los dominicanos de ascendencia haitiana; la primera cumbre de la diáspora haitiana en la Republica Dominicana buscando promover nuevas relaciones con los dos gobiernos. Por último, la disposición de las autoridades de los dos países de volver a la mesa de diálogo.
De 1991 a la fecha, la ausencia de voluntad política para un manejo bilateral transparente de la cuestión migratoria se traduce en los hechos ocurridos este año que afectaron grandemente la buena convivencia entre haitianos y dominicanos. Tambien, a la unidad de la familia dominicana por el grito de “muerte a los traidores” jamás condenado por alguna voz oficial apuntando a quienes están en contra de la sentencia 168/13 y particularmente a los prestigiosos periodistas Huchi Lora y Juan Bolivar Diaz.
Si los dirigentes isleños necesitaban una motivación para decidirse por fin a tomar el toro por los cuernos, el 2013 se les ofreció. Es una oportunidad a no perder en el 2014. El dejarse guiar por los sectores anti haitianos o anti dominicanos afecta su liderazgo y pone en peligro la paz insular.
