SANTO DOMINGO. — República Dominicana tiene 134 unidades dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero la extensión de esos territorios contrasta con la capacidad de vigilancia disponible en algunos de los principales parques nacionales.
El ambientalista Nelson Bautista advierte que la cantidad de guardaparques resulta insuficiente para cubrir áreas que pueden extenderse por cientos de kilómetros cuadrados y que, además, presentan zonas de difícil acceso.
Bautista citó los parques nacionales Sierra de Bahoruco, Los Haitises, Valle Nuevo, Nalga de Maco y Cotubanamá como ejemplos de territorios donde el personal debe hacer frente a una tarea que, según plantea, supera sus posibilidades.
“Hay parques nacionales como estos que tienen apenas 10 o 12 guardaparques para cubrir 500 o 600 kilómetros de área protegida. Es materialmente imposible”, afirmó.

El ambientalista explicó que el problema no se reduce exclusivamente al número de agentes. La vigilancia requiere también vehículos, motocicletas, equipos de comunicación y otras herramientas que permitan a los guardaparques desplazarse y permanecer en zonas apartadas.
De acuerdo con Bautista, en algunos casos los agentes ni siquiera disponen de motocicletas para recorrer los espacios que tienen bajo su responsabilidad, una limitación que dificulta la supervisión permanente del territorio.
Una tarea que supera las distancias
Las áreas protegidas no son territorios homogéneos. Algunas comprenden extensiones montañosas, bosques y zonas de difícil acceso, por lo que la presencia de los guardaparques en el terreno resulta determinante para detectar y enfrentar actividades que puedan afectar los recursos naturales.
Ante esta realidad, Bautista considera que la protección efectiva no puede depender únicamente de que un espacio haya sido declarado oficialmente como área protegida.
El ambientalista valoró los procesos de formación impulsados por el Ministerio de Medio Ambiente y las mejoras que, según dijo, se han producido en las condiciones laborales de los guardaparques.
Sin embargo, entiende que el ritmo de incorporación de nuevo personal todavía no responde a las necesidades del territorio.
“Las áreas protegidas no terminan de enterarse de que los guardaparques que necesitan están disponibles”, sostuvo Durante una entrevista en "Esto No Tiene Nombre".
El Gobierno reporta avances
La advertencia del ambientalista contrasta con los avances que el presidente Luis Abinader presentó en su rendición de cuentas de 2026 sobre la protección ambiental.
El mandatario informó que el Gobierno fortaleció su presencia en el territorio mediante nuevas oficinas provinciales, la rehabilitación de centros de protección y vigilancia y un programa de dignificación de los guardaparques. Como parte de esas acciones, señaló que 400 guardaparques fueron capacitados y certificados, además de recibir seguro médico y mejores condiciones laborales.
Abinader también afirmó que fueron aprobados nuevos planes de manejo para áreas protegidas estratégicas y que el país alcanzó un 25.5 % de su territorio terrestre bajo protección, mientras la protección marina llegó al 30.8 %.
El propio presidente sostuvo además que se redujo en 65 % la superficie afectada por incendios forestales durante los primeros meses del año y que el Gobierno mantiene una política de tolerancia cero frente a los delitos ambientales.
Estos datos muestran que el Estado ha reportado inversiones y medidas para fortalecer la protección ambiental. Sin embargo, el planteamiento de Bautista coloca el foco en una pregunta distinta: si esos avances se traducen en suficientes agentes y recursos para vigilar efectivamente cada territorio protegido.
La brecha entre declarar y proteger
La discusión coloca sobre la mesa una de las dificultades menos visibles de la conservación ambiental: la distancia entre proteger un territorio mediante una declaratoria y tener capacidad real para vigilarlo.
La Oficina Nacional de Estadística señala que las áreas protegidas son espacios sometidos a un régimen especial de manejo y conservación y que los parques nacionales, por ejemplo, comprenden territorios extensos destinados a proteger procesos ecológicos de gran escala.
Por eso, el desafío no termina en crear mecanismos legales para preservar esos espacios. También implica garantizar que haya suficientes personas, equipos y medios de transporte para que la protección pueda ejercerse directamente sobre el terreno.
Para Bautista, mientras un reducido grupo de guardaparques tenga que cubrir extensiones de cientos de kilómetros cuadrados, la capacidad de vigilancia seguirá siendo una de las principales vulnerabilidades para la conservación de las áreas protegidas.
El contraste entre ambos planteamientos deja abierta una pregunta clave: ¿cuántos guardaparques necesita realmente el país para que las 134 unidades del sistema puedan ser protegidas de manera efectiva?
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