El Estado dominicano ha sufrido en toda su vida republicana muchas reformasy varios procesos de modernización, pero aun así continúa padeciendo de una serie de debilidades y deficiencias administrativas, por lo que sus instituciones deben ser evaluadas y sometidas a una reingeniería, en base a su misión y a los resultados alcanzados, pues el Estado es una empresa que procura un crecimiento y beneficio social.

No se debe continuar manejando el Presupuesto de manera alegre, sin planificación ni objetivos claros, manteniendo en el Organigrama Funcional del Estado a instituciones disfuncionales, limitándose al pago de nóminas improductivas, tirando por la borda los recursos públicos, mientras el país arrastra una deuda externa casi insostenible, un acentuado déficit fiscal y una gran deuda social acumulada.

Este organigrama debe corresponderse con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2012-2030, creada mediante la ley 1-12.

Para poder alcanzar y cumplir con la misma, se requiere de instituciones fuertes, eficientes, transparentes, que cumplan con los objetivos para los cuales fueron creadas y que contribuyan con el desarrollo del país, pues con instituciones inoperantes jamás cumpliremos con dicha Estrategia.

El mejor ejemplo lo constituyen los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pues apenas se ha podido cumplir parcialmente con algunos de ellos.

Existen instituciones con un alto presupuesto asignado que no generan un valor agregado, que no tienen razón de ser, por lo que deben ser refundidas o eliminadas, pues sólo sirven de carga para el Estado, mientras otras, que rinden eficiente y adecuadamente su función se manejan con un presupuesto insuficiente.

Para este año el Presupuesto General del Estado ascenderá a seiscientos treinta mil millones de pesos. Si se continúa con la práctica de crear más municipalidades e instituciones parasitarias la cantidad que les corresponderá a las mismas será cada vez menor.

Algunas de éstas son reconocidas como modelo a seguir, supuestamente por su buen desempeño y por cumplir con los estándares de calidad, pero cuando son fiscalizadas por los órganos de control revelan violaciones a las leyes, a los sistemas de control, deficiencias administrativas, uso indebido de los recursos públicos, falta de transparencia, etc.

El organismo responsable de otorgar estos reconocimientos debe exigirles a las instituciones galardonadas un informe de Auditoría de su Ejecución Presupuestaria para comprobar que efectivamente cumplen con las leyes, que son transparentes y eficientes en el manejo de los recursos públicos.

De no hacerse así, seguiremos sumergidos en el subdesarrollo, y en vez de hacerles un bien, les hacemos un gran daño al país y al fortalecimiento institucional.