Santo Domingo.- El Tribunal Superior Administrativo ordenó ayer a la Dirección General de Aduanas abstenerse de cobrar aranceles a los productos con valor menor a los 200 dólares comprados por internet, por considerar que la disposición del órgano estatal vulnera los procedimientos administrativos.
El tribunal favoreció a varias entidades que interpusieron un recurso de amparo contra un aviso de la Dirección de Aduanas en el que anunciaba que a partir del pasado día 15 cobraría aranceles a los citados productos.
La sentencia indica que esa disposición de Aduanas vulnera “los derechos fundamentales relativos al debido proceso administrativo, que implica la sujeción de la administración pública al ordenamiento jurídico nacional, que debe fundamentarse en el respeto irrestricto a la legalidad, en sentido amplio”.
Previamente ese mismo tribunal había suspendido la ejecución de la disposición a partir del pasado viernes como medida cautelar hasta tanto se fallara el fondo del amparo constitucional, que fue lo que ocurrió ayer.
De inmediato, la Dirección General de Aduanas anunció que llevaría el caso ante el Tribunal Constitucional, por entender que su medida está apegada a los cánones constitucionales.
La disposición del Tribunal Superior Administrativo mantiene las exenciones arancelarias a los productos comprados por internet y transportados a través de los couriers con valor menor a los 200 dólares.
Las entidades que interpusieron el recurso de amparo preventivo advirtieron que el mismo era violatorio de la Constitución, ya que esas exenciones fueron consignadas en la ley 277-12 y que por lo tanto no podría ser derogada por una acción administrativa de un órgano de la administración pública.
“La Dirección de Aduanas expresa el rechazo a la referida sentencia, en razón de que entiende que no se han vulnerado derechos fundamentales de los tipos contenidos en la Constitución de la República vigente”, indicó esa entidad ayer en un comunicado de dos párrafos.
Entidades del amparo
El recurso fue presentado por la Fundación Justicia y Transparencia, Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico y la Asociación Dominicana de Empresas Courier.
Tan pronto fue emitida la sentencia, la Fundación Justicia y Transparencia calificó de trascendente e histórica la disposición, prohibiendo definitivamente el cobro de impuestos a las mercancías adquiridas por internet menores de 200 dólares. De acuerdo a Trajano Potentini, presidente de la entidad, la decisión representa un “espaldarazo” a la Constitución, por lo que entiende que los jueces deben ser felicitados por todo el país, al demostrar que la judicatura es verdaderamente el pilar sobre el que se sostienen el Estado de derecho y la supremacía de la Carta Magna.
Alianza apoya fallo
El presidente de la Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios, Felipe Herrera, calificó de trascendente e institucional la sentencia, que consideró como un acto de responsabilidad de los jueces del tribunal, que de una vez les dice a los administradores que deben sujetarse a la Constitución y las leyes.
Dijo que esa disposición le dice al país que la judicatura es verdaderamente el pilar sobre el que se sostienen el Estado de derecho y la supremacía constitucional.
Comunicado de la Dirección de Aduanas
“La Dirección General de Aduanas informa que, una vez sea recibida la sentencia núm. 00278-2014, emitida el día hoy (ayer) por la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo, con las debidas motivaciones, acudirá ante el Tribunal Constitucional para solicitar la revisión de la misma; tras rechazar la parte dispositiva que se ha dado a conocer.
La DGA expresa el rechazo a la referida sentencia, en razón de que entiende no se han vulnerado derechos fundamentales de los tipos contenidos en la Constitución de la República vigente, tal como fue explicado por los abogados que representaron a la entidad ante el referido Tribunal”, concluye el comunicado de la institución recaudadora del Estado.
El cobro del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios comenzaría aplicarse a partir del viernes pasado, pero el Tribunal Superior Administrativo ordenó una medida cautelar, hasta que ayer fue emitido el fallo definitivo, acogiendo un amparo de varias instituciones que alegaron que la disposición de Aduanas violentaban varias leyes.
