German Marte 
Las oficinas de Odebrect fueron allanadas por la Procuraduría General de la República en busca de evidencia. Odebrecht tiene su sede en el octavo piso de la torre Diandy XIX. Foto: Fuente externa.
Santo Domingo.- Organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la denominada Iniciativa por la Institucionalidad Democrática (IDEM) consideraron este jueves que «la práctica generalizada de sobornos» establecida por la empresa brasileña Odebrecht obliga a los poderes públicos a investigar todos los contratos suscritos y ejecutados por esta empresa en el país.
Entiende que el Poder Judicial, el Congreso Nacional y los demás órganos de control deben identificar a los que distribuyeron sobornos y también a quienes lo recibieron.
De acuerdo con IDEM, las autoridades deben reunir las pruebas pertinentes y someterlos a la justicia para que se aplique sin contemplación alguna el régimen de consecuencias correspondiente.
«La existencia de sobornos de por lo menos 92 millones de dólares ya ha sido confesada por Odebrecht ante la justicia norteamericana, por lo que este no debe ser el punto a probar, sino quienes fueron los destinatarios finales de esos fondos, sus intermediarios y cuál es el daño económico total causado al país», establecen las entidades que integran la IDEM.
El abogado Robert Valdez (segundo de izq. a derecha) saluda a un periodista a su llegada a la Procuraduría con documentos de Odebrecht.
¿Cuánto debería devolver Odebrecht al Estado dominicano?
Las organizaciones agrupadas en IDEM subrayaron que las leyes dominicanas obligan al sobornador, en este caso Odebrecht, a pagar al Estado una suma equivalente al duplo de los valores entregados a título de soborno, que serían 184 millones de dólares.
A esto, indicaron, deberá sumarse las sobrevaloraciones que se cuantifiquen en cada contrato y además los 162 millones de dólares ya comprobados y confesados que obtuvo Odebrecht de beneficio como resultado de los pagos corruptos.
«Por lo tanto el Estado dominicano debe reclamar por lo menos 346 millones de dólares más las sobrevaloraciones adicionales que pudieran ser cuantificadas por expertos, y el costo financiero de estos valores», precisó la IDEM.
El gerente general de Odebrecht en el país, Marcelo Hofke. Foto José de León
Que la DGII diga
La pretensión de ocultar los pagos por sobornos bajo el concepto de honorarios profesionales recibidos por representación comercial, obliga a las autoridades a identificar en qué cuentas se recibieron tales valores, y cuál fue su destino final, y además si fueron declarados a la Dirección General de Impuestos Internos y se pagaron los impuestos correspondientes, con la aplicación del régimen de consecuencia fiscal, sostuvo IDEM.
«Sería absurdo que si la Odebrecht pagó comisiones legítimas, lo admita ahora como soborno, una práctica condenada en las legislaciones y tratados internacionales. Y más aún, que acepte pagar por ello una multa tan elevada como la acordada con la justicia norteamericana», destacó.
El ejemplo de otros países
La IDEM consideró que las autoridades nacionales deberían seguir el enérgico curso marcado por otros países donde ya la empresa brasileña se ha comprometido a devolver las sumas involucradas, y en el caso de Colombia, además, han sido identificados y apresados los receptores de la coima, que allí fue de 11 millones de dólares.
Por eso entiende que el Congreso Nacional debe crear una comisión especial para investigar el escándalo y la Dirección General de Compras y Contrataciones debe iniciar de oficio una investigación de todos los procesos de licitación en que intervino Odebrecht.
Así mismo, dijo, deben seguirse todos los mecanismos institucionales, incluyendo la posibilidad de contratar auditores y expertos que realicen una auditoría independiente no solo a los procesos de licitación y adjudicación, sino también a los procesos de ejecución de todas las obras involucradas, y de manera particular a las variaciones de los precios de las mismas -durante su ejecución.
Un caso relevante
Es relevante que se trata del segundo escándalo de pago de sobornos en el país establecido por la justicia de Estados Unidos en pocos meses, y que el anterior, correspondiente a la compra de los aviones Tucanos, no ha tenido mayores consecuencias ni esclarecimientos, dijo.
El caso Odebrecht -precisa- debe servir de punto de partida a un esfuerzo conjunto de autoridades y ciudadanía para poner fin a la cultura de la corrupción e impunidad que ha arropado las contrataciones públicas y muchas otras actividades en el país y el Presidente Medina debe asumir el liderazgo de estos esfuerzos.
Advierte que el sistema de impunidad prevaleciente en el país sólo comenzará a ser revertido en la medida en que la ciudadanía, las organizaciones sociales, y los medios de comunicación mantengan un firme reclamo sobre «un sistema político atrapado por la corrupción, el clientelismo y el rentismo».
¿Qué es la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática (IDEM)?
La IDEM es una agrupación de organizaciones de la sociedad civil, gremios empresariales, organizaciones comunitarias, sindicatos de trabajadores, centros de pensamiento y la academia unidos para promover en el largo plazo acciones que fortalezcan la Gobernabilidad Democrática de la República Dominicana
