Presidente de la FED, Yimi Zapata, a prisión por 3 meses acusado de falsificación

Presidente de la FED, Yimi Zapata, a prisión por 3 meses acusado de falsificación

Presidente de la FED, Yimi Zapata, a prisión por 3 meses acusado de falsificación

Yimi y sus compañeros cumplirán la medida en Najayo.

Santo Domingo.-El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, impuso ayer tres meses como medida de coerción al presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, Yimi Zapata, a Guelmis Tavárez González y Jorge Luis Tavares Santos, acusados de estafa contra estudiantes universitarios a quienes entregaron cartas de invitación para participar en la conferencia de las Naciones Unidas, en los Estados Unidos.

Los implicados en el caso de estafa deben cumplir la medida en la cárcel modelo de Najayo, mientras que a los también acusados Luis Armando Cruz, el regidor de Baní Luis Alcides Báez y José Manuel Marte el magistrado Alejandro Vargas les impuso garantía económica de 300 mil pesos mediante contrato, así como impedimento de salida y presentación periódica.

Además, el juez rechazó declarar complejo el proceso por entender que el Ministerio Público tiene ocho meses en la investigación del caso. Alejandro Vargas también emitió una orden de protección a favor de los 19 estudiantes que fueron víctimas de la estafa, para garantizar su integridad física por interponer la querella contra los acusados.

El presidente de la FED, Yimi Zapata, dijo ante el juez que es inocente de todas las acusaciones que le imputan, ”Soy sincero”, alegó el estudiante.

Según la solicitud de la medida de coerción los estudiantes estafados pagaron entre US$831 y US$1,500 a los organizadores para que realizaran las gestiones consulares y otras diligencias.

Los estudiantes involucrados fueron arrestados en los Estados Unidos y se les impuso una sanción cinco años para entrar a esa nación.

Apelación.

Los abogados de los imputados apelarán la prisión preventiva impuesta a sus clientes.

Querella.

Las víctimas se querellaron contra los imputados el pasado 23 de marzo en Baní, y luego el caso lo declinaron al Distrito Nacional.