La constructora admitió que pagó sobornos en varios países para obtener la adjudicación de obras millonarias que luego sobrevaluaba.
Lima.– El Estado peruano no volverá a contratar a la constructora brasileña Odebrecht y le obligará a cumplir con sus deudas en Perú antes de transferir sus recursos al exterior, anunció hoy el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, en un mensaje televisado a la nación.
Kuczynski enumeró una serie de medidas contra empresas que hayan aceptado su culpabilidad en actos de corrupción o hayan sido condenadas por el mismo tipo de delitos, porque aseguró que el caso Odebrecht “es el más grande, pero no es el único».
En ese sentido, también anunció que empresas como Odebrecht, cuyos responsables admitieron haber pagado 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, deberán pedir permiso al Gobierno para vender sus activos, y ese dinero irá a un fondo que garantice el pago de la multa que le imponga la Justicia.
Otra medida será la inclusión en todos los contratos del Estado de una cláusula anticorrupción, de modo que la concesión de cualquier proyecto se cancele y regrese al Gobierno si se comprueba que la empresa o consorcio concesionario incurrió en delitos de corrupción para obtener la licitación.
El mandatario peruano señaló que estas medidas se suman a la iniciativa de triplicar el presupuesto de la Fiscalía para investigar atrapar a los corruptos, “caiga quien caiga».
“Hay que actuar de manera inmediata para frenar a todos los niveles la podredumbre de la corrupción, que ha llevado a muchos a creer que, para hacer obras, hay que robar, y para salir adelante, hay que hacer trampa”, dijo Kuczynski.
“Necesitamos un cambio radical, ordenar y limpiar la casa para poder hacer las obras que hemos prometido de manera honesta”, agregó.
Respecto a la situación del Gasoducto Sur Peruano (GSP), Kucyznski comentó que el Gobierno peruano ya cobró los 262 millones de dólares de la indemnización estipulada en el contrato después de que el consorcio concesionario, liderado por Odebrecht, abandonara en enero el proyecto al no lograr la financiación necesaria.
El mandatario prometió que el proyecto, adjudicado inicialmente en 2014 por 7.328 millones de dólares, se realizará para llevar gas natural en la zona sur de Perú.
La investigación por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht abarca a los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), pues los pagos ilegales se realizaron entre 2005 y 2014, según reconocieron los responsables de la compañía a la Justicia estadounidense.
Toledo, sobre quien pesa una orden de captura, es la primera gran figura de la política peruana inculpada en este caso, al supuestamente haber cobrado 20 millones de dólares en sobornos a cambio de adjudicar a Odebrecht la Carretera Interoceánica del Sur.
