Carlos Salcedo.
El debido proceso debe garantizarse en toda investigación judicial. Pero ello no puede ir en detrimento de la eficiencia del Ministerio Público, más cuando de corrupción administrativa se trata.
Desde el inicio de la investigación el Ministerio Público debe ser eficaz en procurar las informaciones y evidencias pertinentes y útiles en cualquier momento del procedimiento preparatorio, pues de la agilidad y efectividad de las primeras investigaciones depende mucho la sostenibilidad de los procesos contra funcionarios públicos corruptos.
Antes de las informaciones oficiales aparecidas en documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el primer trimestre del año pasado ya en nuestro país se sabía de posibles sobornos de funcionarios e intermediarios nacionales o extranjeros por parte de Odebrecht, para asegurar contratos de obras públicas, influenciar presupuestos gubernamentales y financiar aprobaciones para ciertos proyectos en la República Dominicana.
Ya para la tercera semana de diciembre se tenía acceso a la información oficial de que entre 2001 y 2014 Odebrecht había hecho más de US$92 millones en pagos corruptos a funcionarios del Gobierno e intermediarios en la República Dominicana.
Cuando, respondiendo al clamor público, la Procuraduría informó al país que todavía no había recibido información oficial sobre la investigación, reconoció que conocía los documentos publicados en el portal web del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, indicando que se limitó a analizar las breves referencias sobre alegadas actividades ilegales de Odebrecht en República Dominicana.
Ahora que el Ministerio Público responde -tardíamente- al llamado de investigación, cabe recordarle que en virtud de los artículos 30 y 279 del Código Procesal Penal estaba obligado a iniciar el proceso de investigación y perseguir oficiosamente a los posibles responsables desde que tuvo conocimiento de posibles sobornos a funcionarios dominicanos.
La tardanza es amiga del delito y contribuye a aumentar las dudas de la ciudadanía sobre procesos de investigación donde estén envueltos funcionarios públicos, como el de Odebrecht, pues con seguridad han desaparecido muchas pruebas.
La Procuraduría General de la República tiene la oportunidad de ganarse la confianza ciudadana de actuar con responsabilidad como manda la Constitución.
Ojalá y no sea muy tarde y pueda darnos pruebas inequívocas de su firmeza y de no parar mientes cuando se habla de corrupción política.
