Los residentes apoyaron la protesta de la Marcha Verde.
Santo Domingo.-La barriada de Cristo Rey en el Distrito Nacional se vistió de verde ayer para exigir que el Ministerio Público inicie una investigación penal con relación a los financiamientos de las campañas electorales del presidente Danilo Medina, del exmandatario Leonel Fernández y de las plantas de carbón de Punta catalina.
Heidy Adón y Angélica Rijo, activistas del movimiento Marcha Verde, expresaron que la confesión del miembro del Comité Político Temístocles Montás coinciden con las de los tres ejecutivos de Odebrecht, quienes reconocieron que la empresa brasileña financió campañas en República Dominicana como parte de sus prácticas delictivas para conseguir facilidades en obras del Estado.
El colectivo afirmó que con sus declaraciones el ministro de Industria y Comercio reconoce la violación del artículo 47 de la Ley Electoral y su prohibición de financiamiento de entidades extranjeras, y compromete penalmente al expresidente Leonel Fernández y al presidente Danilo Medina, quienes habían negado la recepción de fondos por parte de la multinacional.
Adón, en rueda de prensa previo al inicio de la marcha, expresó que el fin de la impunidad implica investigar a todo aquel que se tenga que investigar.
“La ciudadanía no se quedará de brazos cruzados y nadie nos va a marear”, dijo.
La marcha “Barrio Verde” recorrió varias calles del populoso sector, para llevar el mensaje del fin de la impunidad en barrios de toda República Dominicana.
También Punta Catalina
La inclusión de las plantas de carbón de Punta Catalina en la denuncia de sobornos presentada por el Ministerio Público ante la Suprema Corte de Justicia obliga a que sean investigados penalmente el presidente Danilo Medina y al vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEE), Rubén Bichara, por ser los principales promotores y beneficiarios políticos de este proyecto vinculado a denuncias de sobrevaluaciones desde sus inicios.
Servio Tulio Castaños Guzmán había expresado que esa licitación debía pasar a una investigación penal.
