El proyecto del Instituto Nacional de Ciencias Forenses se inició gracias a la cumplidora iniciativa del doctor José Tabaré Rodríguez Arté, diputado de la provincia Valverde.
Corría el año 2003 y él era el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Con tristeza se vio que el proyecto propuesto era un plagio de un exjefe de la Policía Nacional y un en exdirector del Instituto Nacional de Patología Forense.
Para ser más concreto, una tesis de grado del hijo del director del INPF, a quien había asesorado el entonces jefe de Policía. Se había plagiado la ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (Ley núm. 5524) y los Estatutos del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico o Ley núm. 13, del 24 de julio de 1985.
Agradecemos, que aunque hubo una terrible falta de visión de lo que debe ser un organismo forense, aquello sirvió de punto de partida.
El 20 de diciembre de 2004, conocida la Resolución No. 16956, la Procuraduría General de la República convocaba a concurso de oposición para el puesto de director del nuevo Inacif de la República Dominicana. Tres o quizás cuatro candidatos se atrevieron, y es un deber mencionarlos: ellos son, los doctores Lucas Carpio Lappost, subdirector del INPF, y Ludovina Díaz, de Salud Pública.
También dio ese paso el doctor Alberto Rodríguez, médico forense, de la Residencia del INPF. Me incluyo entre los candidatos, pero mi expediente -el más completo entre todos ellos- fue sacado por el titular de la PGR, pues a mí no me quería en ese puesto.
El resultado del concurso fue político; se declaró desierto. Asumió un Procurador Adjunto, y en unos meses designado director a quien todos ya conocemos; el único que ha logrado ese puesto, pero también el único que será culpable de estar al frente del instituto de marras por un período de diez años, inexplicablemente.
He conocido a directores de agencias criminales de otras latitudes. A los que fueron figuras académicas del mundo de las ciencias forenses latinoamericana los he estudiado y estoy seguro de que cuentan otra historia. Gracias a la correspondencia que todavía mantengo con algunos ellos, un día será posible pedirles que vengan a evaluar la situación del Inacif que hemos creado.
Muchas son las realidades negativas que derivan del vacío en que avanza el Inacif. Y muchas son las quejas de la ciudadanía, entre los abogados y entre los que informan algunos medios de comunicación. Emplazamos a que el mismo organismo sea que diga cuáles logros reales ha alcanzado.
Muchos queremos saber sobre el servicio de médicos legistas, que se ha convertido en un sistema forzado y en apuros. El sistema de investigación criminal de la nación dominicana, creado para resolver las complejidades del crimen práctico, no puede decirle al país que no sabe cómo organizar un sistema de médicos legistas. Esta situación se ha denunciado más de una vez, y lo que vemos se reduce a que prestar un servicio como ese, sólo puede ser en base a la competencia efectiva de legistas bien entrenados.
Los investigadores o los estudiosos no pueden apoyarse del organismo, pues, éste no cuenta con una base estadística. La estadística criminal, es un concepto más específico.
El otrora director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD, 1975), licenciado Rodrigo Bolaño Sánchez, es autor de un Manual para el Establecimiento de un Sistema Integrado de Estadísticas de Criminalidad (San José, 1983).
No hay Inacif sin estadística criminal. Y las que cuelgan en el portar del organismo corresponden al año 2006, lo que revela que tampoco saben.
La ley que dio continuidad al Inacif (Ley 454-08) desdice lo que define un Sistema de Administración de Justicia. Si no la revisamos ahora, nos toca creer que las funciones del organismo no superarán el periodismo forense, tal como lo practican a través de sus voceros, la PGR, PN, las opiniones del doctor Sarita y, en general, los medios de comunicación.
A todos ellos habrá que explicarles mejor qué es, en realidad, un instituto de ciencias forenses, y cómo funciona. Pero el que más falta de visión tiene, no es el apócrifo director del Inacif, a quien nadie se imagina; la falta de visión la vemos en el ilustre doctor Sarita Valdez, que ha convertido el problema forense nacional en periodismo.
Decirle a él que los forenses no hablan con los medios porque se desacreditan en los tribunales. Que de hacerse, es una atribución del director del organismo competente (Inacif, INPF), o en su defecto, el perito del caso, muy limitadamente.
El éxito de cualquier criminalistica está en la técnica. Los auténticos peritos no se plantean conflictos entre el querer y el deber, pero en nuestro medio abundan los pseudos-peritos que dañan a la Justicia, a la medicina legal y a la criminalistica. De las ciencias forenses no tenemos ni la letra, y definitivamente nos hace falta la música.
