Santo Domingo.-El Gobierno busca un nuevo aire con el apresamiento de altos funcionarios y legisladores miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como dirigentes de la oposición implicados en el caso Odebrecht.
La convulsión política que dejó la trama de corrupción develada en Brasil y que se expandió por otros doce países, incluyendo República Dominicana, hizo que el presidente Danilo Medina destituyera al ministro de Industria y Comercio y Pymes, Temístocles Montás, y que el Ministerio Público lo procesara judicialmente junto con otros importantes dirigentes oficialista como lo son Víctor Díaz Rúa, Radhamés Segura, Tommy Galán y Julio César Valentín.
Temístocles Montás es el primer funcionario con rango de ministro en la historia dominicana que ha sido enviado a la cárcel estando en pleno ejercicio de sus funciones.
Hoy hace 10 meses que el presidente Medina aseguró que en su Gobierno “no existen vacas sagradas” y que el proceso judicial debe llevarse a cabo “caiga quien caiga”, desvinculándose así de la trama corrupta de Odebrecht.
La imagen del presidente
Aunque varios funcionarios y dirigentes consideran que la situación no daña la imagen del presidente Medina, reconocen que ese caso de corrupción llena de dudas y afecta la credibilidad del PLD ante la nación dominicana.
La exministra de Educación Superior y miembro del Comité Central del PLD, Ligia Amada Melo, consideró que aunque la situación afecta la imagen del partido, no daña la del Gobierno de Medina.
Asimismo, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo expesó recientemente: “Trabajamos para que la República Dominicana tenga un gobierno que no sea salvador de nadie, sino servidor de todos.
Sigamos renovando la esperanza y el entusiasmo que nos anima a ser mejores, sembrando confianza al cumplir con la palabra dada”.
Maquinaria en acción
El respiro que por el momento ha dado al Gobierno el sometimiento de los imputados está siendo aprovechado por el presidente Medina y su maquinaria institucional, que ha recrudecido la masiva campaña de comunicación mostrando las ejecutorias del Gobierno.
La Dirección de Comunicaciones del Gobierno (Dicom) desarrolla una profusa campaña a través de las redes sociales resaltando las ejecutorias gubernamentales.
También reproduce las publicaciones de medios comerciales que ellos entienden resaltan la labor positiva de la administración del presidente Medina.
Presión social
La presión del movimiento Marcha Verde, que desde el 22 de enero de este año ha realizado seis multitudinarias marchas pidiendo justicia, transparencia y cero impunidad en los casos de corrupción, ha asediado al Gobierno de tal manera que han mantenido sus movilizaciones aún luego de los sometimientos a los acusados por el caso Odebrechtse.
A eso se le suma la presión de los partidos de oposición, aunque debilitada en las últimas semanas por la inclusión de algunos de sus miembros en el expediente.
Entre los dirigentes del PRM involucrados por los sobornos de Odebrecht figuran el presidente de esa organización, Andrés Bautista, el exadministrador de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), César Sánchez, y el exdirector de Inapa, Juan Roberto Rodríguez Hernández.
Sin embargo, y pese al escándalo que ha sacudido a los dos principales partidos políticos del país, el presidente Medina no se ha pronunciado sobre el caso.
En el país el movimiento Marcha Verde continúa presionando para que salgan más nombres, porque a su juicio “la lista no está completa” y los imputados no son los únicos implicados en el caso por lo que llaman a la sociedad a mantener vigilante.
Ocho a Najayo-Hombres
De los 14 hombres imputados en el caso, ocho están guardando prisión preventiva en la cárcel Najayo-Hombres.
Estos son Máximo D’Óleo, Conrado Pittaluga, César Sánchez, Andrés Bautista, Ruddy González, Temístocles Montás; Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón.
Ramón Radhamés Segura y Roberto Rodríguez cumplen prisión domiciliaria de nueve meses.
En tanto que los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín y el diputado Alfredo Pacheco, deberán pagar una fianza de cinco millones de pesos como garantía económíca y tienen impedimentoe de salida.
Bernardo Castellanos tiene orden de captura internacional.
