Santo Domingo.-El exjefe de la Dirección Central Antinarcóticos y el director de Operaciones de ese organismo, coroneles Carlos Fernández Valerio y Féliz Humberto Paulino, fueron acusados formalmente ayer por la Procuraduría General de la República de ser los cabecillas del robo y posterior venta de 950 kilos de cocaína por un valor estimado en RD$103 millones, por cuya razón serán sometidos a la Justicia por tráfico de drogas y lavado de activos junto a otros 11 agentes de la Policía Nacional.
Al ofrecer detalles sobre las operaciones del grupo, la Procuraduría General de la República informó que junto a los oficiales citados fueron detenidos los fiscales de la provincia de Santo Domingo Ramón Veras y Máximo Díaz Ogando, quienes supuestamente planificaron y realizaron el “tumbe” de la droga, la transportaron, la comercializaron y luego fue comprada por parte de un oficial de la Policía Nacional.
El Ministerio Público acusó a los fiscales adjuntos detenidos de presuntamente registrar las fichas con datos falsos sobre la supuesta participación de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas que nunca estuvieron en los allanamientos.
Según la Procuraduría, las investigaciones arrojaron que la droga robada en la Dican fue distribuida de la siguiente manera: 250 kilos para los representante del Ministerio Público y los 700 restantes quedaron bajo el control de Paulino López.
El procurador Francisco Domínguez Brito dijo que contra los fiscales adjuntos, el coronel Fernández Valerio, el teniente coronel Paulino López y el mayor Rudy José Japa Álvarez existen pruebas contundentes que los vinculan de manera directa en acciones ilícitas.
“Con este hecho hay un mensaje muy claro, jamás podemos permitir que quien está llamado a perseguir y castigar el crimen organizado en todas sus manifestaciones, bajo ninguna circunstancia puede aliarse al mismo y operar como vulgares delincuentes y narcotraficantes”, señaló Domínguez Brito.
“Y quien no entienda esto, quien pretenda hacer de estas estructuras de persecución, andamios para fortalecer la impunidad, que sepa que deben ir abandonando sus cargos”, advirtió el funcionario. “No pueden trabajar como si fueran una superintendencia del microtráfico”, dijo jefe del Ministerio Público.
Incautaciones
A los implicados en el caso de la Dican les incautaron 1,450,000 pesos en efectivo que fueron entregados de manera voluntaria por un sargento cuyo nombre no fue revelado; otros bienes que estuvieron en poder del coronel Paulino López, además de tres millones de pesos, un apartamento que adquirió a un precio de 2.6 millones y un vehículo de 400 mil pesos que eran del exdirector de Operaciones.
Las autoridades realizaron un operativo en una empresa de Caja de Seguridad Dominicana, donde se allanó la caja número 132, en la que fueron encontrados varios certificados de depósito de inversión por un monto de 5 millones de pesos, títulos de propiedades y de locales comerciales, entre otros documentos, así como 15 mil dólares.
La caja fue registrada bajo el nombre de Omar Ogando Ogando, hermano del fiscal adjunto Máximo Díaz Ogando, quien se encuentra apresado por su vinculación con el robo de la droga.
Investigaciones
Además de la Dican, la Procuraduría General de la República está inmersa en otros casos relacionados al hurto de drogas en ese organismo, diferentes al que se ventila contra los coroneles Fernández Valerio y Paulino López.
En un proceso que realiza el Ministerio Público son investigadas al menos 25 personas, de las cuales ya a once le han conocido medidas de coerción.
En ese caso se indaga sobre el allanamiento realizado en una residencia en el residencial Michell, en el ensanche Isabela. Los propietarios Roberto Antonio Méndez y Santos Emilio Hernández se encuentran prófugos.
Cinco involucrados en el caso se entregan
Se entregaron ayer cinco implicados en el robo de la droga de la Dirección Central Antinarcóticos (Dican).
Entre ellos está el mayor Luciano Gómez; el director del Dican, coronel Carlos Fenández Valerio; el jefe de Operaciones, Félix Humberto Paulino López, y los fiscales adjuntos de la provincia Santo Domingo Máximo Díaz y Ramón Veras; fueron detenidos en la mañana y están presos en diferentes cárceles.
La jueza de la jurisdicción de Instrucción Especial de la Corte Apelación de la provincia de Santo Domingo, Wendy Martínez, podría conocer hoy la medida de coerción contra once de los involucrados en este caso.
