Santo Domingo.-Un estudio realizado por el Consejo Nacional para el VIH y el Sida (Conavihsida) revela que existen estigma y discriminación en los establecimientos de salud, que van desde conducta discriminatoria, rechazo a un servicio hasta hablar despectivamente de un paciente que tenga el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).
Estos datos están contenidos en una Investigación Diagnóstica de la Situación de Estigma y Discriminación hacia poblaciones claves en 15 Servicios de Atención Integral, donde ofrecen atención a la población con esta condición y fueron presentados a todos los directores de los 158 hospitales del país en el segundo encuentro que realizó el Servicio Nacional de Salud.
Los servicios
Claudia Valdez, investigadora, durante su presentación, explicó que la muestra fue de 18 establecimientos de salud, dos hospitales públicos y dos ONG a nivel nacional, en las nueve regiones, los cuales proveen servicios a pacientes con VIH. Estos centros representan el 45 por ciento de las atenciones que se prestan a esta población.
Valdez precisó que el estudio buscaba medir el nivel de estigma y discriminación en los centros que atienden a las personas con esta enfermedad, en el personal de salud y la población que asiste por otro tipo de servicio.
Cinco grupos
“Medimos lo que piensa el personal de salud y la población general que asiste al centro, y qué piensa de cinco grupos como puntuales, como son los gay (hombres que tienen sexo con hombres), los trans (que son los transgéneros y travestis), migrantes (trabajadores del sexo) y mujeres en condición de vulnerabilidad, es decir, de baja escolaridad”, detalló.
Resaltó que los entrevistados fueron 91 personas, “y es una muestra importante, donde tenemos 72 servicios de atenciones”.
Aunque sea difícil de creer, el 34 % de los consultados dentro del componente del conocimiento de la enfermedad, que ofrecen atención de salud a esta población, expresó nunca haber sido capacitado en el tema de estigma ni en control de infecciones, ni en la forma de cómo se transmite el VIH.
“Seguimos teniendo personal de salud que desconoce estos temas y laboran en estos establecimientos” añadió la consultora.
El segundo aspecto que se investigó fue sobre el miedo a contraer ese mal y ahí los resultados arrojaron que “el 18 % del personal de salud entrevistado, de los establecimientos de la Red, expresó preocuparle tocar a un paciente con VIH, y al 28 % le preocupa tomar una muestra de sangre”.
“Estos resultados son súper interesantes, porque aún existe personal de salud que presta servicio y que no maneja las normativas de seguridad. Todos los que somos médicos sabemos que existe un protocolo, un lineamiento, de cómo sacar una sangre sin tenerse que punchar”, dijo.
El tercer componente evaluado fue el ambiente laboral y en la comunidad, allí se determinó si el personal de salud había visto a un colega de su mismo establecimiento, alguna vez, rechazar un servicio, y el resultado fue que el “15 % expresó haber visto a un colega rechazar algún servicio a alguien de esta población con VIH.
Y el 29 % haber escuchado a un trabajador de la salud hablar despectivamente de estos grupos”. En esto Valdez hace una pausa e indica: “Las acptitudes frente al paciente son limitantes al acceso del servicio de salud”.
Políticas de establecimientos
En este aspecto se indagó sobre si había algún tipo de sanción hacia el profesional que rechaza a esta población o le niega los servicios y el 85 % dijo que sí había consecuencias, pero casi todas fueron en las ONG.
En ese mismo renglón, el 98 % expresó que en su establecimiento no se permitía realizar pruebas de la enfermedad sin consentimiento del paciene.
El último punto presentado por Valdez fue sobre la población de los gay, trans, trabajadores del sexo, migrantes y mujeres en estado de vulnerabilidad.
Allí el 56 % del personal dijo que prefería no dar servicios a hombres que tienen sexo con hombres. “Claramente no quieren proveer servicio”, añadió la galena.
Los datos demuestran que la poblaciones más afectadas son los LGTB, trabajadoras sexuales, migrantes, mujeres en condición de vulnerabilidad social y personas con VIH y sida.
En el estudio fue incluido el personal administrativo.
El costo de esta investigación rondó entre cinco y diez millones de pesos.
