Venezuela's President Nicolas Maduro speaks during a political rally against the opposition-controlled congress, in Caracas, Venezuela, Tuesday, Oct. 25, 2016. After the government suspended a recall referendum seeking Maduro's removal last week, the congress began debating his "constitutional situation." Lawmakers vow to present evidence that Maduro is a dual Colombian citizen and therefore constitutionally ineligible to hold Venezuela's highest office. (AP Photo/Alejandro Cegarra)
Caracas.-La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por la oposición, resolvió ayer iniciar un juicio político al presidente Nicolás Maduro por el supuesto rompimiento del orden democrático y violación de los derechos humanos.
En tanto, el presidente Nicolás Maduro, convocó una reunión para hoy del Consejo de Defensa de la Nación (Codena), integrado por los cinco poderes, para abordar la confrontación política que se ha acentuado en el país en los últimos días.
Frente a miles de chavistas que marcharon en Caracas para manifestarle su respaldo, Maduro indicó que esta reunión se llevará a cabo a las once de la mañana en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno. Explicó además que este encuentro servirá “para evaluar el golpe parlamentario de la Asamblea Nacional y el plan de diálogo para la paz.
Los analistas coinciden que esta medida de enjuiciar a Maduro, entre muchas otras que adelanta el legislativo, es esencialmente s imbólica, ya que consideran que es muy poco lo que puede hacer la Asamblea Nacional dentro del marco de la Constitución, que prácticamente estaría a punto de ser letra muerta porque no habría otro organismo del Estado que la haga valer.
“Esta cámara puede determinar la responsabilidad política del presidente de la república”, dijo el diputado Henry Ramos Allup, presidente del congreso unicameral.
La iniciativa busca someter al mandatario a un juicio político y a la larga solicitar a la Contraloría General y la Fiscalía General “que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectivas esas responsabilidades” que tendrían sanciones “penales y administrativas”, acotó el legislador.
