Santo Domingo.-En los últimos siete años la Cámara de Cuentas ha enviado 79 auditorías a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), pero hasta el momento se han quedado engavetadas.
La principal motivación de ese trámite han sido irregularidades encontradas por los auditores en el manejo financiero de las instituciones en las que fueron realizadas.
Esas auditorías abarcan ayuntamientos, fundaciones, partidos, ministerios, direcciones y otras de las tantas denominaciones institucionales que tienen los organismos que reciben recursos del Estado.
Entre las auditorías enviadas a la Pepca por haber detectado irregularidades que pudieran tener implicaciones penales están las realizadas al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), a la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom) y la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde). Solo se ha llamado para interrogar al extitular de esta última dependencia.
No solo en la Pepca
Los informes de la Cámara de Cuentas no solo han pasado a dormir en la Procuraduría General de la República, sino que han visto poca acción en otros órganos de control del Estado.
Así lo evidenció el caso de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), una auditoria realizada en 2010 arrojó manejo irregular de recursos en la contratación de empresas para reparación de autobuses, distracción de recursos y dispendio en el consumo de combustible.
Ese informe fue enviado al Ministerio de la Presidencia, pero no se hicieron correctivos de la situación y solo se miró a esta entidad hace unos días tras la muerte del abogado Yuniol Ramírez Ferreras.
Las auditorías suelen señalar las violaciones detectadas y hacen constar cuando las mismas pueden tener implicaciones penales.
Procesos en espera
La Cámara de Cuentas tiene decenas de auditorías paralizadas bajo el alegato de falta de recursos para desarrollar esos procesos.
Finjus insta actuar en coordinación
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) demandó ayer mayor comunicación entre los organismos de control del Estado para que las auditorías sean verdaderos instrumentos para castigar la corrupción administrativa en el país.
Al hacer la afirmación, Servio Tulio Castaños Guzmán lamentó que el Congreso no ejerza supervisión con los informes de la Cámara de Cuentas, ni mucho menos se tomen los correctivos en la Procuraduría.
“Debe haber una interacción entre estas instituciones, porque unos se quejan de que los informes no están debidamente preparados y de que no hay recursos. Es una situación que debe resolverse”, manifestó Castaños Guzmán.