Santo Domingo.-Los representantes de la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática aclararon que no pretenden suplantar ningún poder legalmente elegido, sino promover el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado.

Explicaron que han decidido ejercer su derecho ciudadano de hacer reclamaciones a los poderes públicos, ante el incumplimiento de las leyes y la incapacidad estatal de aplicar un régimen de consecuencia a quienes las incumplan.

“No estamos cuestionando que sea el Congreso o el Consejo Nacional de la Magistratura los que elijan a los integrantes de las altas cortes, lo que estamos reclamando es que ejerzan esa responsabilidad con institucionalidad e independencia”, dijo el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Rafael Blanco Canto.

Objetivos de la Iniciativa

Para lograr esa independencia, Blanco explicó que se necesita de la aprobación de nuevas leyes, como las que está promoviendo la coalición.

Se refirió a la aprobación de la ley de partidos y de una nueva legislación electoral, al igual que una de transparencia fiscal y presupuestaria. “Eso es lo que estamos planteando y lo que nos ha movido a integrarnos con este tipo de organización”, enfatizó.

Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH), indicó que los empresarios están convencidos de que ningún país se desarrolla y avanza sin planes futuros y sin una visión de largo alcance y por eso están promoviendo esa iniciativa.

Subrayó que el sector empresarial está más consciente que el sector político “de hacia dónde debemos de ir”. Pero reiteró que su misión no es suplantar a los políticos ni el Congreso, sino empujarlos para que asuman su responsabilidad.

Por su lado, Rafael Paz, vicepresidente ejecutivo del Conep, aclaró que esa iniciativa no es contra nadie, sino a favor del país.

“La institucionalidad y la democracia son temas muy importantes para dejárselos solo a los partidos políticos”, apuntó.

Estado es el culpable

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), citó como uno de los grandes problemas de institucionalidad la falta de cumplimiento de las leyes y la rendición de cuentas.

Criticó que los funcionarios no cumplan con la Ley de Declaración de Bienes y que el sistema de consecuencia no funcione.

Ciudadanos sufren

“El estado es el principal propiciador de los desordenes que se dan”, denunció.

La ausencia de institucionalidad del Estado afecta los derechos de las amplias mayorías que conforman la base social del país, consideró Roque Féliz, ejecutivo del Centro Bonó.

“En los últimos años hemos experimentado un ejercicio de poder que deja muchos sinsabores a la ciudadanía. Somos víctimas de abuso de poder”, apuntó.