Carlos Eduardo Tavárez Guerrero
Desde que Fray Antón de Montesino comenzó con la defensa de la dignidad de los aborígenes en protesta de la crueldad y tortura de los españoles, el respeto de los derechos de las personas se ha perfeccionado y seguirá haciéndolo conforme vayan cambiando los tiempos.
Recordemos el sermón: “Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre aquestos indios?¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas dellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? (…)
El Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, consagró en este mismo sentido, que: “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”, y que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (artículo 1). Estos hechos y principios sirvieron de antecedentes para que la Constitución dominicana de 2010, y (las anteriores), “se fundamenten en el respeto a la dignidad humana”.
Así las cosas, “la dignidad humana se coloca como “valor supremo y principio fundamental” y“es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, y el respeto de su dignidad” (artículo 8).No obstante, hay que precisar que “un Estado de derecho podría verse tentado a atentar contra la dignidad de los grupos más vulnerables, tales como las minorías étnicas o religiosas, los enfermos psíquicos, los discapacitados, los delincuentes, y los desarraigados”(Jorge Prats, Eduardo).
Por estas razones, es que cobra importancia el hecho de que el Estado sirva de protector y garante de las personas, tal cual como son.La dignidad humana, “prohíbe instrumentalizar al ser humano, tratarlo como un objeto, cosificarlo, reducirlo a un mero factor económico”. El centro de la Constitución es la dignidad del ser humano.
Pero más aún, abogamos por el cumplimiento de lo que aprobaron los gobiernos de las Américas, en la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, en cuanto a que “los fines del Estado no se cumplen con el solo reconocimiento de los derechos del ciudadano, sino que también el Estado debe preocuparse por la suerte de hombres y mujeres, considerados ya no como ciudadanos sino como personas” y como consecuencia debe garantizar “simultáneamente el respeto a las libertades políticas y del espíritu y la realización de los postulados de la justicia social”.
Pueden escribirnos a: consultealjurista@gmail.com o llamar al teléfono 809-274-8020
