La arbitrariedad es tradición en la República Dominicana. Por lo general, se asume que en toda relación humana existe una jerarquía y que esta determina quién puede imponer su voluntad pura y simple.

Esta también es la lógica que usamos para entender al Estado y al sistema jurídico. Hemos creído siempre que nuestros derechos son sólo complementarios y secundarios.

Esta forma de ver las cosas es fuente casi inagotable de problemas sociales. Afortunadamente, está siendo extirpada de los ordenamientos jurídicos que tienen como fundamento al constitucionalismo, incluido el ordenamiento dominicano.

Dos de los cambios de más largo alcance de la reforma constitucional de 2010 marcan un camino distinto al que ordena el razonamiento jurídico habitual.

Me refiero al énfasis en la soberanía popular y en la condición de la República Dominicana de Estado Social y Democrático de Derecho.

En pocas palabras, estos cambios apuntan a afirmar que el Derecho es una herramienta al servicio de la comunidad y los ciudadanos. Su función no es ya únicamente organizar el Estado, sino que busca resultados en beneficio de la sociedad.

Atrás queda la lógica en la que era aceptable la aplicación seca de las normas jurídicas. La Constitución da prioridad a los derechos fundamentales y la democracia.

Las leyes y los tribunales ya no son fines en sí mismos, sino mecanismos de solución de conflictos.

Esto es particularmente cierto cuando los conflictos se producen entre los ciudadanos y el Estado: ya la norma administrativa no es capaz de justificarlo todo.

Las potestades del Estado tienen un objetivo que debe cumplirse. Así lo establece la Constitución y así lo exigen los ciudadanos. La arbitrariedad ha sido descontinuada como moneda de intercambio con el Estado.

En el país tenemos el armazón jurídico necesario para que este cambio de cultura social se haga efectivo. Sólo falta poner en práctica lo que la Constitución manda.

En ello el Estado y los ciudadanos tienen una responsabilidad compartida. Los ciudadanos están cumpliendo la suya cuando reclaman pacíficamente sus derechos; ahora restaque el Estado abandone el pesado lastre de nuestra tradicional forma de hacer las cosas.

De este diálogo surgirá el lenguaje de los derechos, que es superior y distinto al lenguaje seco y a veces vetusto del Derecho.