El Centro para los Derechos Reproductivos representa legalmente a la única clínica abortiva de Misisipi que queda abierta -la Women's Health Organization de Jackson-, que ha demandado al estado por limitar este derecho, en un litigio que ahora llega al Tribunal Supremo del país.
República Dominicana. – El debate sobre el aborto sigue polarizando la opinión pública de la República Dominicana, donde esta práctica está totalmente prohibida, aunque cada año, de manera clandestina, se realizan miles de abortos poniendo en riesgo la vida de las mujeres, que claman por su despenalización.
El presidente dominicano, Danilo Medina, ha pedido al Congreso Nacional (bicameral) en dos ocasiones despenalizar el aborto cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer, cuando sea resultado de violación o incesto o cuando el feto no tiene posibilidad de sobrevivir fuera del útero.
Las observaciones de Medina, sin embargo, han sido rechazadas por el Senado, controlado por el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la última de ellas el pasado 31 de mayo. De esta manera, las personas condenadas por causar o inducir a un aborto sufrirá penas de cárcel de entre 2 y 10 años, según lo aprobado por el Senado en mayo pasado.
El proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados, que lo remitió, a su vez, a la Comisión de Justicia, que recomendará al pleno del hemiciclo mantener la penalización del aborto. Así lo informó este martes el presidente de dicha comisión, Henry Merán, quien señaló a periodistas que el rechazo al proyecto del Poder Ejecutivo “está fundamentado en el articulo 37 de la Constitución de la República Dominicana, que establece el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte».
El tema será conocido el próximo 13 de julio en la Cámara de Diputados, que decidirá si mantiene la penalización del aborto o, de lo contrario, lo permite en las circunstancias planteadas por el presidente dominicano.
Desde mayo pasado, cuando el Senado decidió mantener la penalización del aborto, el país ha sido escenario de varias manifestaciones de mujeres que reclaman a los legisladores despenalizar el aborto, una solicitud que ha logrado el respaldo de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Oxfam.
Precisamente, este martes, ambas organizaciones insistieron en su llamado a la Cámara de Diputados dominicana para que incremente su compromiso para “asegurar los derechos de las mujeres y niñas a la salud, a la vida, a la dignidad y al disfrute de la salud sexual y reproductiva”, y que despenalice el aborto.
A la vez, indicaron, que “sólo siete países en las Américas mantienen una prohibición absoluta del aborto. Lamentablemente, la República Dominicana sigue siendo uno de ellos».
Las Iglesias, especialmente la católica y la evangélica, piden a los legisladores mantener la prohibición del aborto, sin excepción.
La República Dominicana es uno de los países de la región con mayores índices de muerte de mujeres relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, con 106 decesos por cada 100.000 nacimientos, mientras que el promedio de la región es de 77, según datos del informe de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Según el Ministerio de Salud Pública del país, los abortos inseguros provocan el 10 % de las muertes maternas en República Dominicana.
Datos de organizaciones locales defensoras de los derechos de la mujer afirman que en este país se producen cerca de 35.000 abortos al año, una cifra que podría ser mayor debido a que esta práctica se realiza clandestinamente.
Mientras van saliendo cifras de los efectos de la criminalización del aborto en el país, los defensores de los derechos de la mujer mantienen la vista puesta en los diputados, que el 13 de julio decidirán si dan paso o no a este reclamo de una parte de la sociedad.
