Santo Domingo.-El doctor Rafael Ciprian, experto en Derecho Inmobiliario calificó de muy precario el nivel de seguridad jurídica en esa jurisdicción, lo que a su juicio, afecta el crecimiento económico de la nación, lo cual no es bueno, debido a que ese sector es clave para la economía del país.
Sin embargo, aclaró que eso no quiere decir que los inversionistas no quieren invertir en el país, sino que enfrentan muchas dificultades cuando persiguen asegurarse a través de sus abogados para estar confiados de que los inmuebles involucrados en negociaciones estén libres de trabas, lo que se logra expidiéndoles su correspondiente registro de que está libre.
Ciprian señaló que muchos inversionistas, cuando creen que están adquiriendo algún bien inmobiliario, lo que realmente adquieren es un proceso, en el cual se encuentra la propiedad en cuestión, esto quiere decir, que generalmente esos bienes tienen gravamen de antiguos involucrados en transacciones con los mismos.
“Necesitamos dinamizar los registros catastrales, vencer los cuellos de botellas en la jurisdicciones de registros de mensuras catastrales, aunque se ha avanzado algo, por la impronta de la actual Suprema Corte”, expresó al ser entrevistado en el programa Democracia TV que conducen Diomedes Olivares y Andrés Matos por Teleradioamerica.
“No podríamos sostener el desarrollo del turismo, de las zonas francas, de la agropecuaria, las construcciones públicas y privadas, si no existen garantías de la seguridad inmobiliaria. Los registros de títulos están llamados a dar garantías de los certificados de títulos de propiedad y los abogados del Estado están llamados a servir de Guardianes de esa propiedad inmobiliaria”, agregó.
Expresó que el derecho inmobiliario, derecho civil especializado, hay un problema muy grave, ya que no se entiende que toda la economía del país está sustentada en la propiedad inmobiliaria del Estado y de los particulares o familias.
El jurista considera que cuando se engaveta un expediente inmobiliario se detiene la economía de ese expediente y sus interesados, pero cuando se detiene el conocimiento de miles de expedientes inmobiliarios se detiene la economía del país.
Calificó como un rotundo fracaso el programa de inversiones para la modernización de las jurisdicciones catastrales, penoso, debido a que se gastó mucho dinero del pueblo dominicano para, sin resultados aceptables de los pretendidos, entre los que estaban que todos los registros fueran informatizados, la dinamización de los procesos en los tribunales de jurisdicción original y otros.
Manifestó que, no obstante, la alta voluntad de los jueces, pero la falta de recursos técnicos y económicos les impide hacer su trabajo.
Acusó a la anterior suprema se preocupó mas en presentar obras de relumbrón, para marketing, mal construidos, con vicios, fue una verdadera manifestación de mala administración y del fracaso del programa de modernización de la jurisdicción inmobiliaria del país.
Confía en la actual Suprema, en su preocupación en procurar que esta jurisdicción se adecue a cumplir su verdadero rol de dinamización y sostén de la economía del país, garantizando los títulos de propiedad que el Estado debe garantizar.
Resaltó el papel del abogado del Estado es de ser representante del Estado en todos los asuntos que este tenga interés en la inmobiliaria, sirve de Fiscal en cada caso de defensa del certificado de título, ya que quien expide este documento es el Estado, a través de la jurisdicción Inmobiliaria.
Sobre las invasiones de propiedad
“Quien tenga la propiedad ilegal de cualquier propiedad con derecho inmobiliario registrado, el abogado del Estado tiene la obligación de desalojar a quien de manera intrusa ocupa un bien que no justifique con su certificado de titulo. Los ocupantes pueden ser castigados con penas y multas la primera vez que se demuestre ocupan ilegalmente, si reincide puede recibir una pena mayor, pero para que sea perseguido, los propietarios deben dar seguimiento al acusado”, enfatizó
Recalcó que quien ocupa un terreno de manera ilegal, sin importar el tiempo de ocupación, cualquier mejora levantada o cultivada en ese inmueble es propiedad del propietario legal del mismo.