Santo Domingo.-Luego de cinco meses de expectativas el caso Odebrecht entra hoy en una semana decisiva, en la que la Justicia está a la espera de ser apoderada de los expedientes y pruebas que posee el Ministerio Público contra los acusados de recibir sobornos millonarios.

El sistema judicial tiene la mesa servida para que la Procuraduría pase el caso a la segunda fase: revelación y sometimiento de los involucrados.

PGR y Justicia van a prueba

Aunque no se conoce de fuente oficial quiénes son los implicados, lo que sí se sabe es que la mayoría son políticos que han estado gravitando en la opinión pública.

Este elemento, unido a la complejidad del caso, perfila el proceso como un largo camino en el que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), más que encausar, deberá demostrar la culpabilidad de cada persona mencionada.

Esto debido a que en la normativa penal dominicana la inocencia es un principio fundamental, aun cuando el imaginario colectivo esté convencido de la culpabilidad de ciertos actores.

Con este caso la justicia local será puesta a prueba, una vez más, en una materia que según sectores se puede catalogar como complaciente debido a innumerables archivos de expedientes que han sido determinados en beneficio de servidores públicos.

El escándalo

Considerado el mayor caso de corrupción del continente, el escándalo Odebrecht tocó a la República Dominicana como uno de los países en el que la constructora llegó a pagar una de las mayores comisiones para obtener contratos entre 2001 y 2014.

En total US$92 millones admitió haber desembolsado en suelo dominicano, dinero que fue repartido entre personas claves de varios gobiernos para dar paso a contratos jugosos en beneficio de la brasileña.
El delito fue admitido por sus ejecutivos en diciembre de 2016.

Parte del proceso judicial

Órdenes de arresto, allanamientos y solicitudes de medidas de coerción serán los primeros pasos a dar por el Ministerio Público a fin de encausar a los sobornados por la empresa Odebrecht.

Lo mismo ha ocurrido en otros países de la región donde se tienen condenas, investigaciones abiertas y medidas cautelares contra funcionarios, exfuncionarios y empresarios vinculados al esquema de corrupción.

Tal es el caso de Perú, Panamá, Brasil, entre otros.

En este último las condenas de forma colectiva superan los 100 años, incluyendo a implicados en el caso “Lava Jato”.