Un mil doscientos setenta y siete. Anoten ese número como símbolo de la irresponsabilidad social, de la sinvergüencería política y de lo poco interesado que se nos presenta el Estado dominicano para combatir la corrupción.

¿Por qué? Pues porque ese es el número de funcionarios públicos a quienes no les ha dado la gana de cumplir con la ley que les ordena rendir una declaración jurada de sus bienes, lo que facilitaría las correspondientes investigaciones sobre enriquecimiento ilícito de funcionarios que manejan fondos públicos.

Lo malo no es solamente que esos funcionarios deben estar muertos de la risa a sabiendas de que nunca serán investigados, sino que tampoco hay una autoridad que asuma esa persecución.

Esto está podrido por todas partes. La ley ha sido burlada, y punto. A otra cosa, mariposa.

¿Para qué tenemos un Congreso? ¿Para hacer leyes que no se cumplen?