San Juan.- El Gobierno de Puerto Rico, asfixiado por la carga de una deuda de más de 72.000 millones de dólares y una apremiante falta de liquidez, anunció hoy recortes en el sistema de transporte público, con el ánimo de contener el gasto de un servicio deficiente y poco utilizado.
El director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), Alberto Figueroa, ofreció este miércoles en una conferencia de prensa los detalles de este recorte, que supone reducir de 37 a 15 las rutas de autobuses que ofrece la Administración.
Además, estas rutas se interrumpirán a las ocho de la tarde, en lugar de a las diez, y no operarán los domingos, aunque se mantendrá el Tren Urbano, que ofrece servicio de cercanías, y se ampliarán contratos con proveedores privados para que ofrezcan servicios similares.
Con estas medidas se podría lograr un ahorro de 9 millones de dólares, según detalló Figueroa, quien apuntó que “es hora de cambiar la forma en la que se ha operado por años».
“La crisis fiscal por la que atravesamos nos obliga a reinventar nuestros servicios, seguir reduciendo costos y mejorar la eficiencia del servicio”, añadió, tras reconocer que el servicio actual, con un tiempo de espera medio de 80 minutos, “no es eficaz».
Además, defendió, “estamos dándole paso a los porteadores públicos e incrementando (de cuatro a siete) las rutas con el operador privado First Transit, dándole una oportunidad a la empresa privada de ser parte de estas operaciones».
A partir de ahora se centrarán esfuerzos en ofrecer servicios con más frecuencia en los momentos pico de demanda (de lunes a viernes entre las 6 y las 9 de la mañana y de 3 a 7 de la tarde), para tratar de que los tiempos de espera no superen los 30 minutos, frente a los 80 actuales.
En cuanto al tren, Figueroa añadió que igualmente “estamos en la obligación de ajustar el horario de servicio debido a la situación fiscal que estamos atravesando”, algo que también se hará en las rutas de lanchas que unen San Juan y Cataño.
Esta reestructuración es un paso más de los que está dando el Gobierno de la isla desde que el pasado 1 de julio comenzó un nuevo ejercicio fiscal al que se enfrenta con una crónica falta de liquidez. Ello llevó al Gobierno a iniciar negociaciones con los bonistas para tratar de renegociar los plazos de devolución de la deuda y a tratar de aplicar recortes del gasto, sin recurrir al despido de empleados públicos.
También hoy se inició la tramitación legislativa de una norma que permita a los empleados públicos reducir su jornada laboral voluntariamente (durante el tiempo equivalente a un día a la semana).
Además, se logró la presentación en Washington por parte de varios legisladores demócratas de una propuesta para que las empresas públicas de la isla puedan declararse en bancarrota bajo la protección de la legislación estadounidense.
