Caracas.- La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, condenó hoy la prueba del polígrafo a la que el Supremo venezolano ordenó someterla, medida que tildó de “arbitraria e ilegítima” y que considera que representa una “violación a los derechos humanos” y al debido proceso.
“No tengo ningún temor de someterme a la prueba del polígrafo, pero no puedo hacerlo si esa prueba es dirigida por un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ilegítimo, cuyo poder no reconozco”, dijo la titular del Ministerio Público (MP) en un vídeo institucional difundido a través de su cuenta en la red social Twitter.
El Supremo venezolano acordó someter el próximo lunes a la prueba del polígrafo a la fiscal general, el defensor del pueblo y el contralor general, jefes de las instituciones que conforman el Poder Ciudadano de la República.
El Tribunal Supremo tomó esta decisión a petición del defensor del Pueblo, Tarek William Saab, que ha explicado que la medida forma parte de la investigación que realiza el máximo tribunal a Ortega por “calumnias hechas contra miembros del Poder Ciudadano”, en la que deberá establecer en los próximos días si hay motivos para enjuiciarla.
Ortega aseguró que no teme a la verdad, pero enfatizó en que no formará “parte de este nefasto circo” que pretende, según ella, desviar la atención de los venezolanos de los “graves problemas” que los afectan, como la escasez de alimentos y medicinas y la inseguridad.
La funcionaria sostiene que “con la decisión de aplicar esta prueba, tan cuestionada como la tortura, siguen violentando los derechos humanos, violentando el debido proceso y la dignidad de las personas».
Además, resaltó que los resultados de este tipo de pruebas son utilizados, según ella, contra la misma persona a la que se le aplica, razón por la cual “está proscrito en los procesos penales modernos y su efectividad está cuestionada mundialmente».
Sin embargo, dijo estar dispuesta a “sacrificar” su derecho si quienes ordenan esta prueba “se comprometen a reconocer que es violatoria de los derechos humanos” y a que ningún otro venezolano será sometido a “esta arbitrariedad».
El defensor, por su parte, ha aceptado que se le realice la “prueba de la verdad” para esclarecer “los hechos donde la fiscal general acusó falsamente” a la Contraloría y la Defensoría del Pueblo de “no haber convocado, ni hecho” una reunión para preseleccionar magistrados del Tribunal Supremo, cuya designación es considerada ilegítima por Ortega.
Pese a sus orígenes chavistas, la fiscal se ha convertido en una de las voces más críticas del Gobierno y se ha declarado en rebeldía respecto a las sentencias del Tribunal Supremo, que le ha congelado las cuentas bancarias y le ha prohibido salir del país como medidas cautelares a su decisión sobre la existencia de motivos para enjuiciarla.
