PUERTO PLATA.- El nuevo director general de la Policía Nacional fue uno de los oficiales sancionados por varios delitos cometidos por miembros de esa institución durante un allanamiento irregular en Sosúa, donde en el 2012 fue asesinado un ciudadano alemán, hirieron a un haitiano y desaparecieron más de 60 millones de pesos.
El general Ney Aldrin Bautista Almonte quien fue designado anoche por un decreto presidencial como nuevo jerarca de la Policía Nacional, era el jefe de la Dirección de Investigaciones Delictivas (DITEL) cuando el 17 de octubre de 2012 se produjo un cuestionado allanamiento a varias residencias en la urbanización La Mulata III del municipio de Sosúa.
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Asimismo, el 5 de agosto del 2013 la jefatura de la Policía Nacional confirmó la sanción a tres generales por dicho allanamiento irregular acontecido en Sosúa, Puerto Plata y detallaba que los generales Ney Aldrin Bautista, Máximo Báez Aybar y Pablo Almonte Morales fueron sancionados y amonestados por su innegable negligencia en el caso.
En el cuestionado incidente participaron 17 miembros de la Policía Nacional, incluyendo tres generales de brigada y dos coroneles los cuales fueron sancionados por la “desaparición” de tres cajas fuertes que contenían prendas y dinero en efectivo con un valor de 60 millones de pesos.
Hasta la hora presente solo se supo que las cajas fuertes “desaparecieron” durante el allanamiento efectuado por agentes de la Policía Nacional en el Proyecto Habitacional La Mulata III de Sosúa, durante la jefatura del mayor general José Armando Polanco Gómez, pero irónicamente las investigaciones sobre el hecho fueron realizadas en la jefatura policial que presidió el mayor general Manuel Castro Castillo.
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La información dada a conocer en ese momento, declaró que las investigaciones revelaron que el general Ney Aldrin Bautista Almonte fue enterado por el capitán Gersón Acosta Polanco respecto a la desaparición de las cajas fuertes con la alegada suma, pero que en vez de ocuparse personalmente del asunto dicho general sólo se limitó a ordenar que se investigara a pesar de que fueron emitidas dos órdenes de arresto contra los coroneles Roberto Salcedo Santos y Raymundo de La Rosa Ogando (El Cigarrú).
