Santo Domingo.– El nuevo tratado de extradición entre República Dominicana y Estados Unidos que fue sometido al Congreso el viernes por el presidente Danilo Medina permite, al igual que la pieza vigente, que los narcos que sean juzgados en ese país puedan recuperar sus bienes tras cumplir condena.
Pese a ser una de las quejas más frecuentes sobre los extraditados, en ninguno de los 22 artículos que tiene el convenio las autoridades criollas prohíben al país requirente, en este caso Estados Unidos, negociar con la devolución de los bienes provenientes de actividades ilícitas de los imputados.
Tampoco trata sobre las penas benignas por pactar a cambio de información que ofrezcan los narcos, como ocurre en la actualidad.
Esta distorsión deja que la Justicia estadounidense actúe acorde a sus intereses, sin que el país requerido, en este caso República Dominicana, pueda exigir cumplimiento de penas justas y el decomiso total de los bienes punibles.
Lo que se ha visto a lo largo de los años es que al gobierno norteamericano solo le interesa obtener información de cómo funciona el negocio de las drogas para desmontar estructuras sin que a los narcos extraditados se les den medidas ejemplares.
Esto es lo que ha ocurrido con casos sonados como el del exconvicto, Quirino Ernesto Paulino Castillo, quien habiendo traficado con decenas de toneladas de cocaína en perjuicio de miles de jóvenes, niños y adolescentes, solo cumplió una condena de 10 años, tras negociar con las autoridades norteamericanas a cambio de información.
No obstante a eso, también tiene la posibilidad de reclamar numerosos bienes que le fueron confiscados. Lo propio ocurrió con su socio Ernesto Guevara (Maconi), quien también está libre en el país, así como con Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña) y con muchos otros narcos.
El Congreso tiene la facultad de modificar el nuevo convenio que fue firmado por el embajador James Brewster y por el canciller Andrés Navarro.
Pide ley complementaria
El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró ayer que al país lo que le ha faltado es tener una ley de extinción de dominio que, independientemente de la suerte que corra el extraditado, sus bienes provenientes del lavado puedan ser incautados.
Servio Tulio Castaños Guzmán indicó que esa legislación sería el complemento del nuevo tratado que ha sido firmado por ambas naciones.
