SANTO DOMINGO– Transportistas de cargas y de pasajeros del país acusaron este sábado al Gobierno de querer desplazarlos de 800 mil empleos con la puesta en marcha de las dos líneas del Metro de Santo Domingo.
Osca Almánzar, Blas Peralta, Antonio Marte Juan Hubieres del Rosario, de FENAMOTO, FENATRADO, CONATRA y FENATRANO, respectivamente, hicieron la denuncia durante un encuentro nacional de dirigentes con la participación de miles de choferes realizado en el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz.
Advirtieron al gobierno que no se dejarán desplazar de sus puestos de trabajo de más de 59 años y que con ellos hay que negociar cualquier decisión que se tome en ese sector.
Denunciaron que desde el Gobierno se subsidia el combustible de grandes emporios empresariales y que a ellos se les da de lado con las facilidades, de lo que dijeron se benefician funcionarios del gobierno.
Expresaron que las organizaciones del transporte que dirigen representan a más del 95% de los transportistas del país, por lo que decidieron agruparse en un organismo de coordinación permanente.
Explicaron que el objetivo principal de este acuerdo, es enfrentar los planes del gobierno al que acusan de procurar el desplazamiento de más de ochocientos mil puestos de trabajos directos, que en estos momentos ocupan los transportistas.
Estos ochocientos mil empleos desaparecerán si el gobierno persiste, en excluir a los operadores de las rutas alimentadoras y de todo el sistema, vinculado con las operaciones del metro, manifestaron.
Indicaron que esos planes, buscan también desplazar el transporte de carga de los puertos y otras áreas de trabajos de los camioneros, así como de los motoconchitas.
Igualmente denunciaron que desde el Congreso Nacional se trata de imponer una reforma de la Ley 241 de Tránsito Terrestre que, con el supuesto concepto de incluir también la movilidad, el transporte y la seguridad vial, que significaría de aprobarse en la forma propuesta, la desaparición de las organizaciones del trasporte existente.
Dijeron que la precitada reforma establece la apropiación por el gobierno de las rutas, en la que operan las organizaciones del transporte de cargas y pasajeros, el establecimiento de mecanismo de licitación y control de la tarifa, sacando los operadores actuales y entregando el control del sistema de transporte al gran capital nacional e internacional.
El formato como está planteado en el proyecto, solo podrán participar en las licitaciones las grandes empresas, así como de los nuevos ricos que han surgido en el país, producto de la corrupción y el robo del dinero del Estado enganchado de empresarios, sostuvieron.
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