WASHINGTON.-El ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, arquitecto Andrés Navarro, abogó hoy para que la comunidad internacional conozca los resultados reales del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que encamina el gobierno del presidente Danilo Medina, reforma migratoria sin precedente apegada a las leyes dominicanas y con irrestricto apego al respeto de los derechos humanos, para que de esa forma no se dejen confundir de «una inaceptable» campaña de odio y descalificación hacia la nación dominicana.
Navarro afirmó que en el exterior se difundenuna serie de informaciones erróneas sobre la naturaleza y los resultados de este proceso, por ejemplo,una inexistente decisión del gobierno dominicano de realizar deportaciones masivas de ciudadanos haitianos, con lo que se pretende significar la existencia de una crisis humanitaria en la isla de Santo Domingo.
En un discurso pronunciando ante el pleno de los miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Navarro consideró que «no hay ninguna justificación para seguir repitiendo, sin ninguna evidencia que la respalde, la preocupación de que en nuestro país hay cientos de miles de apátridas en peligro de ser expulsados, pues no es verdad que haya un solo caso de apátrida».
Indicó que la comunidad internacional puede estar segura de que la República Dominicana no expulsará a un solo dominicano, «porque, por el contrario, protegemos a nuestra población y estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para dotarlos de la seguridad jurídica que garantice esa protección».
Manifestó que el gobierno dominicano ha iniciado una intensa campaña a nivel mundial de información y divulgación sobre la verdad del plan migratorio, » para que se conozca la realidad de la iniciativa puesta en marcha por el gobierno del presidente Medina».
Expuso que las autoridades dominicanas se llenan de estupor cuando escuchan algunas organizaciones no gubernamentalesy medios de comunicación, exigir que se detengan unas inexistentes deportaciones, además de que se habla incluso injustamente de casos de apátrida sin mostrar un solo caso.
Precisó que «para que quede bien claro, cuando se produzcan los retornos de personas que no tengan la debida documentación migratoria, seguirán un proceso individualizado, con la identificación biométrica de cada persona y todas las debidas comprobaciones de su estatus y documentación como ocurre en todas partes del mundo».
Navarro reiteró su llamado a las organizaciones y medios de comunicación que insisten en copiar y pegar acríticamente un perfil de la República Dominicana que quizás fue verídico en el pasado, «pero que desde luego ha dejado de serlo desde el 2013 por la voluntad política, la vocación democrática y el apego al respeto de los derechos humanos de nuestro presidente Medina».
«Todo lo que pedimos, lo único que exigimos es que se conozca la verdad del proceso migratorio dominicano, y este foro es una brillante oportunidad ante cada uno de los representantes de los países hermanos de las Américas», enfatizó el canciller dominicano.
El funcionario dominicano recordó que el plan de regularización ha venido a resolver un problema histórico en la República Dominicana, dado que no se contaba con un registro completo de los extranjeros que vivían en el territorio, no sólo de los inmigrantes, sino además de las personas nacidas en el país de padres extranjeros o en muchos casos de padres dominicanos, lo que dejaba cientos de miles seres humanos en situación de vulnerabilidad.
Dijo que el plan es una exitosa solución, con grandes sacrificios económicos para el país, a las diferentes situaciones migratorias que existían, a través de la aplicación de la Ley 169-14 para personas nacidas en República Dominicana de padres extranjeros con estatus ilegal, y el Plan Nacional de Regularización para extranjeros que viven en territorio dominicano.
Agregó que gracias a la iniciativa dispuesta por el presidente Medina, alrededor de 55 mil personas y sus descendientes han visto reconocida su ciudadanía dominicana por parte de la Junta Central Electoral (JCE), mientras que otros 8,755 hijos de padres extranjeros ilegales que se inscribieron en el Libro de Extranjería podrán acceder al proceso de naturalización en un plazo de dos anos, contando en ese lapso de tiempo con una estatus transitorio de residencia en el país.
Subrayó que al cierre del plazo de inscripción el pasado 17 de junio, 288,486 personas solicitaron su regularización y están a punto de recibir el estatus legal, «esto es, un 69% de los extranjeros irregulares según la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) llevada a cabo en el 2012.
Declaró que para facilitar la mayor participación de personas en el plan, el gobierno dominicano incorporó instituciones y organismos con experiencia en la materia, como la ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones, la Unión Europea (UE), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Mesa Nacional para las Migraciones, entre otros.
Navarro calificó de «totalmente falso y un error quizás sin mala intención», el planteamiento de algunas organizaciones internacionales y medios de comunicación que han repetido la teoría de que más de 200 mil personas habrían quedado en situación de apátrida y en peligro de expulsión del territorio dominicano.
Indicó que «dicho esto, la cifra de potenciales apátridas se reduciría a 100 mil personas. Pero resulta que entre esos 55 mil personas y sus descendientes, así como otros 8,775 han visto reconocida su nacionalidad por parte de la Junta Central Dominicana». Citó el caso de Juliana Deguis y sus cuatro hijos que ya cuentan con nacionalidad dominicana tras su registración regular que tardó porque la indefinición documental de la madre.
Navarro concluyó su discurso invitando a conocer a fondo la realidad de la República Dominicana en materia migratoria, al tiempo que pidió se divulguen las informaciones que suministro ante el pleno de la OEA, «todas excelentes noticias para los derechos humanos de las personas en las Américas».
