Laura Hernández, directora de la Defensa Pública. ARCHIVO.
SANTO DOMINGO.-El 75 por ciento de todos los casos penales que se ventilan en los tribunales del país en algún momento han requerido ser asistidos por un abogado defensor público, ante el pedimento de un juez, luego de que los imputados son abandonados en el proceso por la defensa.
Así lo expresó la directora de la Defensoría Pública, Laura Hernández Román, quien explicó que la mayoría de los casos que llegan a la Defensoría Pública tienen la prisión preventiva como medida de coerción.
Detalló que en 2017, de 17,225 casos asistidos, la prisión preventiva con pena de cárcel se impuso a 7,352 imputados.
La Defensa Pública mantiene más 300 casos activos.
En ese sentido, Hernández Román, sostiene que la sociedad debe acostumbrarse a que la prisión preventiva como medida de coerción debe ser la excepción no la regla.
Entiende que los operadores del sistema deben utilizar el abanico completo de la medida de coerción, y que no se entienda que cuando a una persona se le aplica una medida distinta se tiene que extraer del proceso.
La funcionaria critica que hoy en día el arraigo económico solo lo tienen los que viven en un ensanche y no en un barrio.
“El arraigo no puede estar sujeto a la condición económica de una persona”, dijo.
En el primer semestre del año pasado se manejaron 28,845 procesos penales, de estos, unos 9,000 fueron referidos por el juez, ante el abandono del abogado.
Casos atendidos
A nivel nacional el total de casos ingresados en el primer semestre de este año es de 13,918 y de estos la mayor concentración están en el Distrito Nacional, con 1,165, lo que representa el 8.3 % del total, seguido de Santiago de los Caballeros con 804, para el 5.78 %.
La media de un defensor público para llevar casos es de no más de 200.
Sin embargo, hay algunos que llevan hasta 300. “No tenemos ningún defensor que lleve más de estos casos”.
Explicó que en primera instancia estos casos pueden durar de tres a siete meses, porque ha bajado el tiempo del conocimiento.
Para la Defensa Pública ganar un proceso no es solamente que una persona sea declarada inocente o absuelta, sino obtener la mejor decisión a favor del imputado.
“Un ejemplo es cuando el Ministerio Público pide 20 años y la defensa logra 10 años, es una ganancia de causa”, dijo.
Defensa Pública limitada
La directora de la Defensoría destacó que cuenta con 148 defensores de carrera, más de 80 defensores adscritos contratados, los cuales tienen que enfrentarse cada día contra un Ministerio Público que tiene unos 700 fiscales.
A la dependencia que dirige Hernández Román el Poder Ejecutivo le asignó en el Presupuesto de este año la suma de RD$545,559.179, el cual es calificado de insuficiente para las operaciones que realiza esa entidad.
Argumentó que por falta de recursos económicos no han podido abrir las ocho oficinas que faltan en Santo Domingo Norte Constanza, El Seibo, Las Matas de Farfán, Nagua, Jimaní, Samaná, Dajabón, Santiago Rodríguez. Además de los 300 defensores públicos más que necesitan. “Por eso es que la Defensa Pública es la cenicienta entre los operadores del sistema”, dijo.
Román asegura que uno de los retos de esa dependencia es lograr en el futuro que también se puedan defender las víctimas.
Seguimiento de casos
Luego de que el recluso es condenado la Defensa Pública le asigna un defensor de la ejecución de la pena, quien acompaña al recluso para que sus derechos sean garantizados en el recinto carcelario y el juez de ejecución.
Para mantener la calidad de este aparato judicial, cada año los defensores son evaluados, se mide si las personas fueron bien asistidas, cuáles fueron los recursos interpuestos que impidieron que alguna sentencia condenatoria se hiciera firme sin recurrir la misma, entre otros.
“Si en la evaluación se determina que el fallo del defensor fue por alguna debilidad técnica, este se manda a capacitación. Pero si es por descuido se envía a control de servicios, que sería como la inspectoría del Poder Judicial”, indicó.
Escalas salariales
El salario del Defensor Público es: Categoría I: RD$64,432.50; Categoría II: RD$76,147.50, y Categoría III: RD$87,862.50.
Para retener a los defensores públicos, luego de que ya han sido preparados, se les exige firmar con la entidad un contrato de permanencia de tres años, como una forma de que el Estado tenga beneficios tras la inversión.
“Y qué bueno que podamos formar buenos abogados litigantes, ante las debilidades que tienen las escuelas de Derecho”, dijo.