San Juan.- El Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones de Boston (EE.UU.) validó hoy la orden de un juez federal de embargar las cuentas del Departamento de Salud de Puerto Rico, después de que este presentara un cheque sin fondos por 3,6 millones de dólares, 6 millones menos de lo que supuestamente adeudaba.
El fallo de este martes da el visto bueno a la decisión del juez federal del Distrito de Puerto Rico, Gustavo Gelpí, quien el pasado 19 de junio ordeno embargar 9 millones de dólares del Departamento de Salud para sufragar el pago de deuda a los llamados Centros 330.
Estos centros se llaman así porque no reciben asignaciones presupuestarias estatales, sino que obtienen sus fondos de la Sección 330 de la Ley de Salud Pública Federal.
Como proveedores de salud, también facturan sus servicios a los planes médicos, incluido el del Gobierno de Puerto Rico.
El Gobierno de Puerto Rico emitió en su día un pago de 3,67 millones de dólares para sufragar la deuda del primer trimestre de 2015 pendiente con esos centros, pero explicó que no había fondos para cobrarlos.
Según del Departamento de Salud, esa cantidad solo se podía cobrar a partir del 1 de julio, cuando comenzó el nuevo ejercicio fiscal.
El juez ya había ordenado que se debía saldar la deuda antes del 17 de junio y había amenazado con embargar las cuentas del Gobierno si no se pagaba esa cuenta, que según los citados centros en realidad asciende a 9,39 millones de dólares.
El Gobierno discrepa además sobre la cantidad de la deuda y asegura que solo debe 3,67 millones de dólares, mientras que el juez acusa al Departamento de Salud de haber cometido una “irresponsabilidad gigantesca y una mala práctica” al no presupuestar estos gastos.
“El Gobierno voluntariamente acordó participar en los programas de Medicare y Medicaid. Recibe millones de fondos federales y, a cambio, tiene que cumplir con las regulaciones federales”, afirmó el juez en su decisión del pasado 19 de junio.
Añadió que “la corte tiene la obligación constitucional de hacer valer las leyes federales, aun entendiendo la crisis fiscal que enfrenta el Gobierno desde administraciones pasadas».
“Esta no es una nueva obligación que enfrenta. Lo sabe desde hace mucho tiempo y debe presupuestar los millones de dólares que le competen”, concluyo el magistrado.
Puerto Rico, afectado por una asfixia financiera y una deuda que supera los 70.000 millones de dólares, es territorio estadounidense desde 1898 y se define como Estado Libre Asociado a ese país, con Constitución propia y con un importante grado de autonomía, aunque EE.UU. se reserva apartados como defensa, moneda, inmigración y aduanas, entre otros.
Poco después de conocerse la decisión sobre el embargo, la secretaria de Salud puertorriqueña, Ana Ríus, anunció que recurriría al Tribunal de Apelaciones de Boston.
“Solo quedarían por pagar 4 millones de dólares que nosotros no reconocemos, ya que en nuestra agencia se efectuó un proceso de auditoría en el cual se determinó que la deuda era de 5,4 millones y no de 9,4 millones de dólares”, dijo.
“No pagamos porque nos neguemos a pagar o porque no haya dinero, sino porque se hizo una auditoría y lo que refleja es que la cantidad real a pagar es de 5,4 millones y no de 9,4”, insistió.
En ese sentido, criticó que el juez no aceptara los resultados de la auditoría y dijera que “primero pagáramos y luego se nombraría un monitor para hacer la correspondiente conciliación».
